Una poderosa comisión que juzgará a los responsables de la "violencia política" en Venezuela se instalará mañana en Caracas por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, según ha confiramdo la presidenta de ese organismo, Delcy Rodríguez.
La funcionaria, excanciller del Gobierno de Nicolás Maduro, también presidirá esta instancia que lleva por nombre "Comisión para la Verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública" y celebrará el miércoles su primera sesión de trabajo en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento que es controlado por la oposición.
La comisión, creada por la plenipotenciaria ANC el martes pasado, estará integrada por 14 comisionados, entre ellos dos constituyentes, tres miembros de la "organización de víctimas y familiares", un sacerdote, el fiscal general, Tarek William Saab; y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Un ciudadano de nombre Larry Márquez ejercerá la secretaría ejecutiva de la instancia, que también contará con otras dos personas y espera la participación de tres diputados opositores del Parlamento, que deberían ser propuestos por las fuerzas políticas que se oponen a la llamada revolución bolivariana.
Sin embargo, la coalición de partidos antichavistas Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha negado a reconocer la legitimidad de la Constituyente, especialmente después de que la empresa encargada del recuento de votos, Smartmatic, asegurase que hubo manipulación del resultado el pasado 30 de julio cuando se eligió a sus representantes. "La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia", explicó Rodríguez el día en que se creó este órgano.
La creación de esta comisión fue encargada personalmente por el presidente Maduro, que ha adelantado que algunos de los líderes opositores que han convocado manifestaciones contra el Gobierno en los últimos meses irán a la cárcel, al considerarlos responsables de los disturbios en que han desembocado estas marchas.
La ley con la que se pone en marcha la comisión exige el deber de colaborar con este ente y someterse a sus decisiones a todas las personas e instituciones venezolanas, y quien no lo cumpla será castigado por las leyes penales. La comisión se ocupará de actos como la difusión de contenidos que inciten a la "violencia" y el "odio", y de comportamientos que hayan afectado "a la vida e integridad personal (...) física, psíquica o moral", a "la libertad personal", la "tranquilidad" y el "patrimonio" públicos, así como al "sistema socioeconómico nacional".
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, califica como un atropello a los derechos humanos la creación de esta comisión, al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya funciones judiciales.
