El Parlamento venezolano emprenderá la destitución de los magistrados del Supremo

  • Maduro recibe a la fiscal general tras las críticas de esta al Supremo
  • La Justicia venezolana recula, pero el Parlamento sigue sin ningún poder

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, anunció hoy que comenzará el martes el proceso para destituir de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, asegura, perpetraron un "golpe de estado".

"Esos magistrados que dieron un golpe de estado no pueden quedar impunes", afirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, desde el Palacio Federal Legislativo y anunció que la Cámara iniciará el proceso de destitución de los juristas del máximo tribunal el próximo martes.

Los opositores insistirán en el relevo de los juristas que dirigen la Justicia venezolana pese a que el TSJ suprimió ayer algunas partes de las dos polémicas sentencias con las que asumía las competencias del Parlamento y delimitaba la inmunidad parlamentaria.

Guevara llamó a sus partidarios a demostrar que no van a "obedecer a esta tiranía".

El parlamentario además aprovechó la ocasión para aplaudir la posición de la fiscal general, Luisa Ortega, que calificó la decisión del Supremo como una "ruptura del orden constitucional".

Guevara no dejó claro cuál es el objetivo o el alcance del acto del Parlamento contra los magistrados que integran la Sala Constitucional, dado que la Cámara venezolana está en "desacato" desde hace más de un año, y sus actos son "nulos" y por tanto inválidos.

Con anterioridad, el presidente del Parlamento, Julio Borges, había acusado a los magistrados en una entrevista televisiva de haber cometido delitos de "lesa humanidad" y aseguró que la justicia venezolana y la del mundo irá contra quienes atentaron contra los derechos de los ciudadanos de su país.

El expresidente del Legislativo, el también opositor Henry Ramos Allup, aseguró hoy en un mensaje en la red social Twitter, que acudirán a los respectivos tribunales disciplinarios para que "se revoque título y expulsen miembros" de la "sala inconstitucional".

El Parlamento ya intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos mismos magistrados por considerar que fueron nombrados por el chavismo de forma irregular, sin embargo, no logró materializar la salida de los juristas.

MADURO RECIBE A LA FISCAL GENERAL

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió hoy con la fiscal general, Luisa Ortega, después de que ésta alertara al país de la "ruptura del orden constitucional" que representaba la decisión con la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las funciones del Parlamento.

La jefa del Ministerio Público y el jefe de Estado se reunieron en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, y estuvieron acompañados por el alcalde del municipio Libertador de la capital venezolana, Jorge Rodríguez, y la ministra de Despacho, Carmen Meléndez.

Aunque no se ofrecieron ni detalles ni declaraciones del encuentro, en las imágenes se ve a Maduro recibir de Ortega un ejemplar del informe de la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del Estado venezolano de 1958 a 1999, concluido hace poco.

Esta reunión se produce un día después de que Maduro convocara al Consejo de Defensa de la Nación, en medio de una fuerte presión internacional, para resolver la controversia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, después de que Ortega alertara de la "ruptura del orden constitucional" por dos sentencias del Supremo.

El Consejo de Defensa de la Nación es un órgano de consulta para asuntos de suma importancia que reúne a los máximos responsables de todos los poderes públicos, y que puede ser convocado por el jefe de Estado cuando requiera tomar una decisión de importancia.

Al encuentro convocado el viernes asistieron todos los representantes de los poderes públicos excepto el del Legislativo, que se negó a asistir, y la fiscal, que no se sabe si fue convocada.

El pleno decidió la madrugada del sábado hacer un exhorto al Poder Judicial para que revisara las medidas.

Tras ese exhorto el máximo tribunal suprimió partes de la sentencia en las que asumía las funciones del Parlamento, así como de otro fallo en el que limitaba la inmunidad parlamentaria ante la persistencia del supuesto "desacato" del Legislativo en el acatamiento de varias sentencias del TSJ.