La Policía Federal brasileña detuvo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la operación que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, según medios locales, aunque no se ha confirmado oficialmente.
El exmandatario fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas para declarar por delitos de supuesta corrupción, como "ocultación de patrimonio" y "lavado de dinero", después de que los agentes allanaran su domicilio particular, la casa de uno de sus hijos y otras residencias familiares.
El interrogatorio se prolongó por más de tres horas ante los responsables por la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Tras prestar declaración el expresidente brasileño abandonó la comisaría de la Policía y se dirigió a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en el centro de Sao Paulo.
El instituto que dirige el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció la vasta operación policial en su contra como una "agresión al Estado de Derecho", que calificó de "arbitraria, ilegal e injustificable". En un comunicado, el Instituto Lula afirma que "nada justifica la conducción coercitiva de un expresidente que colabora con la Justicia, espontáneamente o siempre que ha sido citado".
Sostiene asimismo que "nada justifica la invasión del Instituto Lula", como califica el allanamiento realizado por la Policía a esa institución, y se refiere a la operación policial como "una violencia que ha sido desencadenada para someter al expresidente a la vergüenza pública".
También afirma que Lula ya ha prestado declaración en torno a cuatro casos distintos y que tampoco "nada justifica" el hecho de que sus secretos fiscales y bancarios hayan sido levantados por las autoridades.
LA FISCALÍA ASEGURA QUE LOS INDICIOS DE LA INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN CONTRA LULA SON BASTANTE SIGNIFICATIVOS
El conjunto de indicios contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la investigación abierta por corrupción es "bastante significativo", afirmó hoy Carlos Fernando dos Santos Lima, fiscal de Curitiba encargado del proceso abierto por desvíos en la estatal Petrobras.
"El conjunto de indicios es bastante significativo pero muchos de ellos aparecieron en la prensa antes de que hiciéramos una investigación profunda", dijo el funcionario en un encuentro con la prensa. "Tenemos conferencias (de Lula) en el exterior (financiadas por empresas implicadas en desvíos de Petrobras), indicios de obras en el exterior en que podría haber tráfico de influencia, todo bajo investigación", insistió el fiscal.
Según Dos Santos Lima, el Instituto Lula, presidido por el exmandatario, recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras.
El fiscal agregó que el exjefe de Estado recibió de esas mismos cinco empresas cerca de 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) como pago por conferencias que dictó tanto en Brasil como en el exterior.
De acuerdo con las cuentas de la Fiscalía, del total de recursos recibidos por el Instituto Lula en los últimos años, un 60% provino de las cinco empresas más implicadas en las corruptelas de Petrobras, que también fueron responsables por el 47% de los recursos que el exgobernante recibió por dar conferencias desde que fue sucedido por Dilma Rousseff en 2011.
"Es claro que donaciones pueden ser hechas por diversos motivos, pero tenemos que investigar si eso tiene alguna relación con los desvíos de Petrobras", afirmó. Según el fiscal, la operación de este viernes busca establecer si Lula y su familia recibieron ventajas indebidas a cambio de eventuales medidas de su Gobierno. "Esa es la hipótesis que estamos investigando. Existen evidencias de que hubo pago de ventajas", afirmó.
Dos Santos Lima aseguró que entre esas posibles ventajas investigadas figuran las obras y reformas hechas por empresas como Odebrecht y OAS en un apartamento en la playa y en una casa de campo que están a nombre de otras personas pero que las autoridades investigan si pertenecen al exmandatario.
Agregó que las obras en el apartamento de playa en Guarujá, que sería de propiedad del expresidente, tuvieron un costo de 700.000 reales (unos 175.000 dólares). "Los favores son muchos y difíciles de cuantificar. Es más fácil cuantificar las obras en el apartamento y en la casa de campo. Otros favores están siendo investigados", afirmó.
Sobre la orden para que Lula fuese conducido a una comisaría para ser sometido a interrogatorio, el fiscal aclaró que fue expedida por motivos de seguridad, ya que la información sobre la operación se filtró y algunos grupos intentaron organizar manifestaciones para torpedearla.
LA PRESIDENTA ROUSSEFF CALIFICA DE INNECESARIA LA DETENCIÓN DE LULA
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, consideró "innecesaria" la operación policial contra su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y exigió "respeto" a los derechos individuales y "responsabilidad" a las instituciones.
"En mi calidad de jefa de Estado, consideró necesario ponderar que todos nosotros, agentes públicos, independientemente del Poder en que actuamos, debemos tener profundo sentido de responsabilidad respecto al cumplimiento de nuestras competencias constitucionales", dice una nota oficial firmada por la mandataria.
Tras ser informada de la acción policial, Rousseff convocó para una reunión de emergencia a sus ministros del área política, en medio de la cual se comunicó telefónicamente con Lula, una vez que este fue liberado, para expresar su "solidaridad", según dijeron fuentes oficiales.
En el comunicado, Rousseff afirma que "el cumplimiento de la Constitución es la única vía segura para el buen ejercicio de las funciones públicas y el respeto a los derechos individuales". También sostuvo que, desde el Gobierno, ha garantizado "la autonomía de los órganos responsables de las investigaciones de actos de falta de probidad o corrupción, pero siempre exigiendo respeto a la ley y a los derechos de los investigados".
Según Rousseff, "es necesario que las investigaciones prosigan hasta castigar a quien debe ser castigado", pero eso en "un ambiente republicano y democrático", ajustado a la Constitución y sobre la "orientación del Tribunal Supremo".
