El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, ha declarado este lunes ante el juez de Instrucción número 51 de Madrid que pidió a la empresa Ambulancias Alerta que renunciara al concurso de ambulancias del SUMMA por "el bien de los ciudadanos", ya que entendía que su oferta no cubriría los gastos del servicio, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El contrato se entregó más tarde a Ferrovial, cuando su oferta era "inferior" a la de Ambulancias Alerta, la empresa querellante.
Los denunciantes sostienen que recibieron presiones para renunciar a la adjudicación, una acusación que se sustenta en unas grabaciones que efectuaron en una de las reuniones.
En las conversaciones, según las mismas fuentes, uno de los cargos de la Administración regional les invitó a apartarse del contrato ganado bajo la "amenaza de esto nace muerto. Y es entrar en una guerra".
Ante la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicó el pasado enero que se les apartó debido a "la inviabilidad técnica y económica" de su oferta.
PREVARICACION
Molina y otros tres cargos de Sanidad han comparecido en el marco de la querella presentada por Ambulancias Alerta por un delito de prevaricación administrativa en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio. Todos ellos se han negado a responder a las preguntas del abogado del querellante.
También han declarado el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortés.
Por su parte, la administradora de la empresa Ambulancias Alerta, Delfina Fernández, ha ratificado la querella y ha aportado nueva documentación realizada con los impagos que sufrió la empresa relacionados con otro concurso que ganaron.
El director de la empresa, Raúl López Fernández, ha indicado a Europa Press que Ambulancias Alerta "ganó" el concurso público, un hecho que "constató" la Mesa de Contratación. Tras ello, Santiago Cortes les citó en una reunión en el que se les expuso que tenían que renunciar en contra de su voluntad.
"Nosotros no estábamos dispuestos y entonces nos llamó la Consejería para seguir con las presiones bajo la amenaza de que si seguíamos adelante quedaríamos fuera del sector durante cinco años", ha explicado.
"Nuestra oferta era viable y no temeraria. Llevamos 35 años en el gestor haciéndonos cargos de servicios similares", ha destacado el máximo responsable de la empresa afectada, quien cree que detrás de la adjudicación a Ferrovial podría haber intereses.
El pasado 8 de enero el mismo juzgado admitió a trámite la querella presentada por una de las licitadoras al concurso para el traslado de pacientes en ambulancia, al entender que había presunta prevaricación en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio.
