El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que utilice "el mismo manual de instrucciones" que la expresidenta regional y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, cuando responde a preguntas sobre corrupción.
En su intervención en el pleno, Aguado ha dicho que la primera respuesta es "no me consta", pese a ser ambas "máximas responsables del partido"; la segunda es "máxima colaboración con la justicia", pese a que "se han dedicado a martillazos a destruir discos duros"; y la tercera es que "está judicializado", que "es como estar en la casilla de casa del parchís".
"Si de verdad quiere hacer nueva política en la Comunidad de Madrid yo le recomiendo una cosa", ha dicho Aguado, para pedir a Cifuentes que se comprometa ha aprobar las leyes que sean necesarias para acabar con la corrupción, al tiempo que ha recriminado a la presidenta que el Gobierno no haya llevado a la Asamblea ni una sola ley para acabar con la corrupción.
En este punto, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que ellos sí, en alusión a la Proposición de Ley que defenderán en el Pleno de este jueves para proteger a los funcionarios denunciantes de corrupción política.
Aguado, que ha pedido a Cifuentes una valoración sobre los "registros" llevados a cabo por la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Consejería de Sanidad la semana pasada, ha dicho que este y otros registros se podían haber evitado con una ley de protección a los funcionarios denunciantes de corrupción política.
"No le pido que tire del carro de la regeneración política, sé a qué partido pertenece, pero sí le pido que no ponga palos en las ruedas", ha agregado Aguado, quien ha asegurado que Ciudadanos va a acabar con la corrupción política en la Comunidad de Madrid con el apoyo de Cifuentes o sin él.
TODO ES DE GOBIERNOS ANTERIORES
La presidenta regional ha dicho que el Gobierno "no tiene que hacer ninguna valoración sobre la acción de la Justicia y menos en un asunto bajo secreto de sumario", al tiempo que ha señalado que "lo que tiene que hacer es colaborar".
En este sentido, ha asegurado que la Comunidad está facilitando toda la información que se le ha solicitado, "toda ella perteneciente a gobierno anteriores", y ha negado que se hayan producido registros en dependencias de la Comunidad, sino que se ha solicitado información.
"Se empeña semana tras semana en venir a hacer oposición a otros gobiernos, a otro tiempo", ha afirmado Cifuentes en alusión a Aguado, y ha aseverado que no tiene que dar cuenta de la gestión de gobiernos anteriores sino que responde "exclusivamente" de su gestión.
"No hay un solo caso de corrupción en mi gobierno y estamos haciendo muchas cosas", ha señalado Cifuentes, quien ha subrayado que la propuesta de Ciudadanos "probablemente sea inconstitucional", como ya advierte un informe del Gobierno central.
Además, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha negado hoy que adjudicara el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, interrogado por el juez de la Púnica, al explicar que la encargada de hacerlo fue la Mesa del Parlamento regional.
En el Pleno de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha echado en cara a Cifuentes que "participó en la adjudicación" del servicio de cafetería del Parlamento regional a Arturo Fernández, "donante asiduo del PP". También le ha reprochado que fuera vocal de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
Recientemente, el juez que investiga la trama Púnica ha interrogado a Arturo Fernández por una donación de 70.000 euros realizada a Fundescam y por la adjudicación de la restauración de la Asamblea de Madrid, que la fiscalía sospecha se hizo de forma irregular.
Cifuentes ha negado que adjudicara el contrato de la cafetería ya que, según ha explicado, la encargada de hacerlo fue la Mesa de la Asamblea y a ella se limitó a presidir "por delegación" una mesa de contratación "en la que participaban técnicos y políticos de todos los grupos parlamentarios". "Adoptaban sus acuerdos en base a informes técnicos y siempre por unanimidad", ha añadido.
Sobre Fundescam, ha comentado que aceptó el cargo de vocal "como tantos otros" y aprobó los estatutos. "Eso fue todo. Se lo digo en sede parlamentaria, no intervine en ninguna actividad y mucho menos en decisiones económicas que correspondían exclusivamente a los apoderados", ha apuntado.
La portavoz de Podemos ha sacado a colación estos casos después de preguntar por la petición de información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de la obra en varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad.
Todo esto tiene relación con la pieza separada que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tiene abierta para investigar la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid y su relación con la trama Púnica.
"Volverá a desmarcarse diciendo que fue una etapa anterior a la suya, pero no hubo tal etapa. Ustedes, los de entonces, siguen siendo los mismos, lleva en el PP desde sus orígenes", ha comentado Ruiz-Huerta. "Aunque no le guste, tiene una larga historia vinculada a su partido y su pasado retorna con cada caso aislado nuevo de corrupción", ha añadido.
Cifuentes ha subrayado que en su Gobierno no hay "un solo caso de corrupción" y cree que esto supone un problema para partidos como Podemos, al que ha acusado de "embarrar el campo", porque "les rompe el discurso". "Están queriendo extender la duda de mi Gobierno, pero mi Gobierno es un Gobierno limpio por mucho que les pese", ha insistido.
LA ASAMBLEA TRAMITA UNA INICIATIVA PARA PROTEGER A FUNCIONARIOS QUE DENUNCIEN CORRUPCIÓN
El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción.
La diputada de Ciudadanos Dolores González, que defendió esta iniciativa, dijo que con ella "buscamos prevenir la corrupción y mejorar los controles". Manifestó que se pretende beneficiar a los funcionarios autonómicos y "proteger el derecho de confidencialidad y amparar al denunciante".
Podemos apoyó esta iniciativa y su diputado Miguel Ongil manifestó que los denunciantes "no tienen que ser héroes para hacer lo correcto".
El diputado del PSOE José Manuel Franco indicó que apoya la propuesta de Ciudadanos, partido al que criticó porque va "de abanderado de la lucha contra la corrupción" pero "luego apoya al PP para que siga gobernando".
Por parte del PP, la diputada María Eugenia Carballedo explicó que no está de acuerdo con esta iniciativa porque contiene cuestiones de contenido que no competen a la Comunidad de Madrid. "El Ministerio de Hacienda dice que allí donde están legislando y quieren medidas de protección a los funcionarios no pueden llegar porque están contraviniendo el orden constitucional de competencias", manifestó.
El portavoz del PP, Enrique Ossorio, consideró que se trata de una de las iniciativas legislativas "más lamentables" que ha visto en la Asamblea. "A nivel nacional se está creando una ley que introduce como normativa básica medidas de protección de los funcionarios que Ciudadanos ha metido en la ley madrileña, lo que es inconstitucional porque es normativa básica y está en manos de Congreso y Senado", indicó.
