El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca, ha archivado las diligencias abiertas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, y otros 8 jueces, por cobrar como asesores en el desarrollo de una herramienta informática para órganos judiciales de la región.
El sistema informático de gestión procesal llamado Iusmadrid fue abordado por la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, que adjudicó estas tareas a Indra, empresa a cargo de la que los magistrados recibieron pagos por su colaboración para este soporte, destinado a decanatos y órganos judiciales.
Al respecto, Fonseca sostiene que esta actividad "no podía ser desarrollada libremente por los magistrados, sino que, cuando menos, estaba enmarcada dentro de aquellas que la normativa orgánica del Poder Judicial sujeta a control de desempeño, autorización de compatibilidad", según informa hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"De esta manera, puede afirmarse que la actividad desarrollada por los magistrados no era de las permitidas y, por lo tanto, lo improcedente de su comportamiento", agrega. Sin embargo, precisa que a este "reproche de antijuridicidad" no se le puede añadir el de culpabilidad, que es requisito imprescindible para exigir una responsabilidad disciplinaria.
En este sentido, considera que aunque la cualificación jurídica de los magistrados impide que pueda valorarse un desconocimiento de la normativa orgánica, sí hay factores "relevantes" que permiten afirmar la ausencia de voluntariedad infractora, dolosa o culpable.
Pone como ejemplo el hecho de que manifestaran haber actuado en la creencia de realizar una actividad compatible "por causa de las indicaciones que en tal sentido" les hizo tanto el presidente como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.
La actividad "se hizo con la intervención directa, no solo del presidente del TSJ, sino de la Sala de Gobierno de este Tribunal", que el 28 de noviembre de 2011 adoptó los primeros acuerdos de designación y formación de grupos de trabajo y lo comunicó al CGPJ, cuya Comisión de Informática y Modernización quedó enterada el 16 de enero de 2012.
"Este relevante dato fáctico es el que determina que no pueda formularse el reproche personal de culpabilidad", ya que "existía un elemento objetivo y ajeno a la actuación de todos ellos que permite apreciar una suerte de confianza legítima y buena fe en su modo de proceder", explica Fonseca.
Y añade que la finalidad de los trabajos "no era el provecho o beneficio propio de todos ellos, sino el de todos los usuarios de la Administración de Justicia" de la región.
La Comunidad de Madrid pagó a jueces y secretarios judiciales a través de la empresa Indra por su asesoramiento en un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.
Esta entidad desembolsó más de 200.000 euros a 32 juristas, entre ellos Francisco Javier Vieira, quien expuso en su momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica.
Catorce jueces decanos de la comunidad defendieron el pasado febrero que el cobro por asesorar en la introducción de mejoras informáticas es compatible con sus cargos, porque se trata de una actividad creativa técnico jurídica ajena al ejercicio de su función.
