Los tribunales suspenden la retirada de la concesión de nueve túneles a Dragados

  • El Ayuntamiento de Madrid tomó hace dos semanas la decisión de secuestrar de forma temporal la concesión

Los tribunales de lo contencioso administrativo han suspendido la resolución del Ayuntamiento de Madrid de "secuestrar" el contrato de Dragados de gestión de varios túneles por falta de mantenimiento, después de que la empresa recurriese la decisión del gobierno de Manuela Carmena. Según ha confirmado fuentes municipales, los juzgados de lo contencioso administrativo número 6 y 23 han dictado una medida cautelarísima que paraliza la decisión y que concede al Consistorio un plazo para justificar la aplicación del secuestro temporal de la concesión.

El Ayuntamiento de Madrid tomó hace dos semanas la decisión, dada a conocer hoy, de secuestrar de forma temporal la concesión a la empresa Dragados de la gestión de varios túneles de la capital -entre ellos el de Pío XII y el de plaza de Castilla- ante la negativa de la empresa a realizar las obras de mantenimiento necesarias para abrirlos al tráfico de forma segura.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) ha dicho a los periodistas estar a la espera de lo que digan los tribunales para poder tomar "las siguientes medidas", en referencia al inicio de unas obras que están presupuestadas y que oscilan entre los 10.000 euros y los 50.000 por cada túnel.

"Son muy sencillas de ejecutar: se trata de sustituir las canaletas por las que circula el agua", ha precisado José Manuel Calvo sobre estas obras que, ha dicho, son "imprescindibles para el buen funcionamiento de los túneles" y son de "urgencia máxima" ya que el cierre de estas vías genera muchos problemas de atascos.

El Ayuntamiento podría iniciar estas actuaciones en cuanto tenga el visto bueno del juez, según ha dicho el concejal del gobierno de Manuela Carmena, que no ha interpuesto de momento ninguna sanción a la empresa concesionaria ni se ha abierto tampoco expediente por el incumplimiento del contrato.

Según ha dicho el delegado, la negativa de la empresa a ejecutar las obras no implica un incumplimiento del contrato, que tendría consecuencias "más graves" que podrían llegar hasta a la rescisión unilateral, sino que el Ayuntamiento evalúa ahora si es motivo para interponer sanciones.

NUEVE TUNELES

Los túneles afectados son el de Plaza Castilla (en ambos sentidos de la circulación); túnel de Pío XII-tubo norte (sentido Monforte de Lemos y Sinesio Delgado); túnel de Pío XII-tubo sur (sentido avenida de Burgos y M-30); o el de José María Soler (tramo sentido Gran Vía de Hortaleza). Este túnel estuvo cerrado desde el 6 de febrero a las 3.25 horas y hasta las 18.20 horas del mismo día, plazo en el que la concesionaria terminó los trabajos instalando canaletas de recogoda de agua y se pudo reabrir. Al listado se une el túnel de Sor Angela de la Cruz (sentido Villamil); Sor Angela de la Cruz (sentido Castellana); túnel de Azca (salida a Capitán Haya); Azca (entrada por la calle Basílica y anillo interior) y el túnel de la Puerta de Toledo (sentido Ronda de Segovia).

Desde el Ayuntamiento explican que las filtraciones de agua suelen ser habituales en las infraestructuras subterráneas. Además se ha dado la circunstancia de que algunas de las producidas en los túneles afectados fueron agravadas por roturas de tuberías del Canal de Isabel II en uno de los casos y fisuras en la playa de vías de la estación de Chamartín en otros.

Las medidas de cierre de los túneles a causa de la presencia de agua se corresponden con estrictos protocolos de seguridad y sólo pueden ser levantadas una vez que el concesionario realice las obras necesarias para reparar las filtraciones para devolver al túnel las condiciones de seguridad necesarias.

Fue en enero de 2014 cuando el Ayuntamiento formalizó con Dragados la concesión del contrato de Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid. Incluye, entre otras prestaciones, la vigilancia, conservación, mantenimiento y acondicionamiento de las estructuras y obras de paso de las vías y espacios públicos, así como su adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad y movilidad, el mantenimiento de su funcionalidad y la seguridad.