El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, toma mañana declaración, a petición propia, al expresidente madrileño Ignacio González, después de que la semana pasada lo hiciera Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado su hombre fuerte en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
La comparecencia de Ignacio González por el caso Lezo coincidirá con la de su hermano Pablo González, en prisión bajo fianza de 4 millones de euros, si bien este declarará ante el juez José de la Mata en relación con la empresa pública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), de la que fue directivo y que está siendo investigada en el marco del caso Defex, una empresa semipública.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, García Castellón ha citado a González para mañana a las 10.00 horas después de que su abogado, Esteban Mestre, solicitara que se le tomara de nuevo declaración, la segunda que prestara desde su ingreso en prisión provisional el pasado 21 de abril.
La semana pasada, Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión provisional, declaró durante cuatro horas ante el juez, al que no llegó a pedirle en ningún momento su puesta en libertad o la adopción de alguna medida cautelar que le permitiera ser excarcelado.
La primera en declarar a petición propia ante el nuevo magistrado de Lezo, que ha sustituido al juez Eloy Velasco, fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Antonia Richmond, que un día después consiguió que se le rebajara la fianza de 4 millones que le impuso Velasco a 100.000 euros, por lo que pudo salir de prisión.
Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, los imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado todos volver a declarar. Tras la excarcelación de Richmond son tres los investigados en Lezo que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano Pablo González y Rodríguez Sobrino.
El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaba mantener en prisión incondicional a Ignacio González por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al observar que aún podría tener patrimonio "oculto".
Según recordaba la Sala, el expresidente madrileño podría estar implicado "en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero" (Madrid), así como en la operativa fraudulenta del Canal de Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
Para negarse a excarcelarle, el tribunal aludía a las "numerosas actividades empresariales" que estaba llevando a cabo con su familia con dinero "presuntamente ilícito" y que estaría "oculto", ya que "la información patrimonial analizada arroja fuertes discrepancias entre el patrimonio declarado y los importes de las inversiones" que planeaba y que podría retomar una vez en libertad.
Recordaban también los magistrados sobre ese dinero aún no encontrado una conversación intervenida a dos investigados afirmando que el ritmo de vida de González no puede sostenerse con los ingresos justificados que tiene, ante lo que uno de ellos dice que González tiene "dinerillo B".
González está imputado por delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
PABLO GONZÑALEZ TAMBIEN DECLARARÁ ANTE EL JUEZ POR EL CASO MERCASA
En cuanto a su hermano Pablo, De la Mata le ha llamado a declarar como investigado en relación a un contrato de unos 500 millones de dólares que firmó Mercasa con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda.
Se indagan en concreto sobreprecios en ese contrato, que pudieron servir para pagar comisiones y acabar en los bolsillos de los investigados, a los que se les imputan delitos de corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal.
Esta investigación, derivada del caso Defex, estalló el mismo día que el caso Lezo, al producirse la detención de Pablo González junto a su hermano.
Por otra parte Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón una rebaja de la fianza de 4 millones de euros impuesta cuando se decretó su ingreso en prisión provisional tras su detención en la operación 'Lezo'. Según fuentes jurídicas, el acusado ha solicitado al nuevo magistrado instructor del caso una rebaja de la cuantía impuesta por su antecesor, el juez Eloy Velasco, y que es la más elevada de todos los detenidos en la trama junto con la acordada para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond.
