La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que indica que el máster que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, se regulaba por un Real Decreto en el que no era necesario presentar un Trabajo de Fin de Máster (TFM). Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas para señalar que el informe ya ha sido enviado a la magistrada y en el que la ANECA aclara que el máster de Derecho Autonómico y Local que se impartió en el Instituto de Derecho Público, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), durante el curso 2008-2009 (ejercicio en el que lo hizo Casado) se regulaba por el Real Decreto 56/2005.
Por tanto, el informe subraya que estos estudios se autorizaron en un "proceso anterior" al actual sistema de verificación que realiza la ANECA, que no intervino en la evaluación previa a la implantación del máster.
En abril, Casado en un encuentro con los periodistas en la sede del PP explicó que el máster que él cursó en ese centro en el año 2008 se regía por la legislación antes del plan Bolonia. En ese marco, no era necesario presentar un TFM, según las mismas fuentes consultadas.
LA JUEZA RECHAZA ASUMIR LAS DENUNCIAS DE GASTOS IRREGULARES DEL INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO DE LA REY JUAN CARLOS
La juez del caso máster ha rechazado asumir la investigación de la denuncia cursada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre presuntos gastos irregulares en el Instituto de Derecho Público (IDP) cuando estaba dirigido por catedrático Enrique Alvarez Conde. Lo hace al entender que sumar este asunto sobre posible malversación en este centro a la instrucción del caso máster supondría crear una "macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto".
En un auto, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel rechaza la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid, donde recayó la denuncia por reparto, y le devuelve la causa original. Dicho juzgado cursó incidente de inhibición al conocer que la juez estaba investigando al catedrático Alvarez Conde por asuntos relacionados con estudios desplegados desde el Instituto de Derecho Público.
La juez argumenta en su auto que "cualquier acumulación de acciones penales a esta causa supone aumentar su complejidad y propiciar importantes dilaciones al proceso".
Además, explica que no se trata de "delitos conexos" entre sí pese a que en ambos aparece como "persona investigada" el catedrático Alvarez Conde.
La posible malversación de dinero público de la URJC está "totalmente desvinculada" con la presunta prevaricación administrativa que se investiga tanto en lo relativo al máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como en las otras piezas separadas. "Son hechos desvinculados unos de otros en diferentes momentos temporales e indiciariamente para beneficiar de manera distinta (en un procedimiento académicamente, en otro lucrativamente) a personas diferentes (en un caso alumnos, en otro familiares directos de Alvarez Conde).
También expone que no son "delitos análogos entre sí" pues solo "comparten el hecho de que son delitos especiales en cuanto cometidos por funcionario público". "Pero la tipificación en sí, prevaricación en un caso y malversación en otro, hacen que no tenga analogía", precisa.
A su vez, expone que un tratamiento conjunto de ambas causas "favorecería la confusión, pues benefician unos y otros hechos indiciariamente delictivos a personas diferentes, el móvil es indiciariamente completamente distinto, debiendo destacarse el lucro personal del entorno de Alvarez Conde es lo que subyace en la denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción 34 de Madrid".
DENUNCIA DE LA URJC
El rector de la URJC, Javier Ramos, presentó en mayo de este año una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público. Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
A su vez, exponía que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP "destapa" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial". "Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", recogía el informe.
También detectaba la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que hay "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros". "El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", exponía el documento.
La Universidad Rey Juan Carlos extinguirá de cara al próximo curso académico el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que dirigía el catedrático Enrique Alvarez Conde, investigado en el caso máster, una vez concluyan las auditorías económicas y administrativas encargadas por la institución. Así lo han señalaron recientemente fuentes de la universidad que subrayaron que la decisión de terminar con la actividad de este instituto asociado a la universidad es "firme" y "no tiene marcha atrás".
