La Comunidad destruye 5.500 productos peligrosos para los consumidores

La Comunidad de Madrid ha destruido hoy, en el Punto Limpio de Boadilla del Monte, 5.500 productos que habían sido alertados por su peligrosidad para el consumidor, tras haber notificado durante el año pasado 120 alertas de productos peligrosos, lo que supone el 20% del total nacional.

La mayor parte de las alertas correspondió a juguetes (32,5%), seguido de material eléctrico (20%) y vehículos y accesorios (15,8%). En cuanto al tipo de riesgo, la mayoría ha sido por posibilidad de asfixia (30%), choque eléctrico (27,5%) y lesiones y caídas (17,5%).

"Hemos multiplicado por diez la cantidad de productos peligrosos de consumo o inseguros no alimentarios retirados del mercado en 2017 respecto al año anterior, hasta alcanzar las 380.137 unidades, frente a las casi 36.000 unidades retiradas en 2016", ha dicho el viceconsejero de Economía y Competitividad, Javier Ruiz.

Del total de productos retirados, el 26,94% (102.422) han sido destruidos y el 73,05% (277.715) han sido devueltos a origen, ha detallado tras asistir hoy a la destrucción de productos en Boadilla.

El viceconsejero ha valorado la labor de inspección del gobierno regional que en 2017 duplicó el número de inspecciones de consumo hasta llegar a las 2.000, "lo que supone una buena prueba de que los madrileños cuentan con uno de los mejores sistemas de protección de toda Europa para contribuir a la seguridad y defensa de su salud".

La detección de la peligrosidad se produce mediante inspecciones y comunicaciones que realizan los productores y distribuidores, al estar obligados por ley a notificar a Consumo los fallos que detectan en sus artículos y a subsanarlos.

"Como muestra de la responsabilidad en la protección del consumidor de los establecimientos regionales, cabe destacar que el 99% de los productos de los que se producen alertas ni siquiera llega al consumidor", ha señalado Javier Ruiz.

En el acto de hoy, se han destruido 1.215 juguetes, 2.100 disfraces y 2.120 adornos y guirnaldas, tras ser rechazados por los informes técnicos con los que trabaja la Dirección General de Comercio y Consumo para garantizar la seguridad