La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid abonó 4,6 millones de euros más a Bonopark tras obtener la cesión del contrato del servicio de alquiler de bicicletas Bicimad por 10,5 millones de euros, por lo que en total lo abonado a la anterior concesionaria ascendería a 15,1 millones.
Estos ocho pagos de convalidaciones de gasto suman un total de 4,6 millones, abonados en concepto de alquiler de vehículos, repuestos, reparaciones y conservación, gastos bancarios, energía eléctrica y profesionales independientes, según ha denunciado adelantan hoy varios medios y denuncia el PP. Esta información figura en los informes remitidos a la oposición por parte del equipo de Gobierno en el marco de la investigación sobre Bicimad.
"Como poco la compra de Bicimad ha supuesto el pago de 15,1 millones a una empresa que declaraba perder 300.000 euros al mes y que estaba al borde de la quiebra", denuncian desde el PP, grupo que denuncia que la compra del servicio de alquileres "se hizo sin la realización de un informe económico previo y sin pasar por el consejo de la EMT". A los 10,5 millones de euros de la cesión y los 4,6 de las convalidaciones de gasto los 'populares' suman dos contratos más adjudicados a lo que denominan como "empresas pantalla" de Bonopark, sus socios Ride on Consulting y Booster Bikes, que recibieron contratos por valor de 1,8 y 2,5 millones de euros.
OCULTAR LA GESTIÓN
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que su partido tiene "fundadas sospechas" de que el coste real de Bicimad "acabará siendo de 20 o más de 20 millones de euros", que saldrían de "convalidaciones realizadas a otras empresas".
Así lo ha afirmado hoy en su visita al polideportivo Breogán, justo después de que esta mañana se confirmara que el gasto de Bicimad por parte de la EMT fue 4,6 millones superior a lo declarado inicialmente por el Gobierno de Manuela Carmena. "Hemos descubierto que hay 4,6 millones en convalidaciones por encima de esos 10,5 millones", ha apuntado el portavoz del PP, quien ha avanzado que se seguirán "descubriendo cosas".
"En estos momentos el Gobierno de Manuela Carmena sabe que está acorralado por Bicimad", ha agregado Martínez-Almeida, que ha exigido a Carmena que "reconozca todas las tropelías que han hecho" y que "pidan perdón a los madrileños". "Van a responder ante los tribunales por lo que han hecho", ha afirmado.
Por su parte, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho hoy que en la negativa del Ayuntamiento a entregar la documentación sobre la transferencia de BiciMad "más parece que trata de ocultar cómo se gestó la venta" sin que hubiese un informe económico previo.
Garrido ha dicho que es una "absoluta contradicción" el hecho de que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento no entregue una parte de la documentación que se le requiere en razón de confidencialidad y de judicialización del caso, cuando Podemos criticó esta actuación de la Comunidad en el caso del Canal de Isabel II.
Es "inconcebible" que Podemos lo haya criticado "hasta la saciedad" en el caso de la Comunidad y que ahora el Ayuntamiento haga lo mismo que criticaba, ha dicho Garrido, quien ha precisado que en cualquier caso la Comunidad está de acuerdo en que la entrega de documentos judicializados debe ser autorizada por el juzgado correspondiente. Es una "contradicción flagrante", ha dicho Garrido, quien ha añadido que en este caso Podemos "debería pedir disculpas".
CIUDADANOS PIDE INFORMACIÓN
El portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación sobre la municipalización de Bicimad, Sergio Brabezo, ha pedido que Ahora Madrid no se acoja a la "doctrina Cifuentes" y no niegue información a la oposición por estar judicializada. Debido a que las dos partes en la causa abierta son el PP, el querellante, y el Gobierno de Manuela Carmena, quedarían "fuera Ciudadanos y el PSOE", ha denunciado Brabezo después de que una junta de portavoces haya decidido no convocar la comisión de investigación hasta que se dé toda la información completa.
Además de los documentos judicializados, los grupos no han podido consultar datos sobre los que pesa una cláusula de confidencialidad entre la Empresa Municipal de Transportes, que asumió la gestión directa de Bicimad por 10,5 millones y Bonopark, la anterior concesionaria. Según Cs, analizando la documentación que sí les han trasladado observan que la Intervención municipal pedía documentación a la Asesoría Jurídica necesaria para sacar adelante la gestión directa del servicio de bicicletas, y que esa documentación no está.
"Que no estén facilitando la documentación no apunta a nada bueno, implica que algo tienen que ocultar. Esto lo único que hace es sembrar sospechas", ha agregado la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio madrileño, Begoña Villacís.
EL PP DENUNCIA
Tras obtener esta información por parte del equipo de Gobierno, el PP denuncia que la mayor parte de la documentación facilitada por el Ejecutivo de Manuela Carmena se refiere a la época de Ana Botella (PP) por lo que excede el objeto de la investigación, que se limita a la municipalización del servicio en septiembre de 2016 después de que el PSOE finalmente no pidiese ampliarla en el último Pleno.
En cambio, fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad explican a Efe que debido a las normas de contratación del sector público a las que está sujeta la EMT y que "conllevan una serie de trámites ineludibles" era imposible adjudicar estos servicios en la fecha de la cesión del servicio de BiciMad y mantener "sin interrupciones" la prestación del servicio. Por ello, hasta que la EMT asumiese directamente los contratos para proveerse de estos suministros y servicios, se recurre a la figura de la convalidación del gasto.
Las mayores partidas en este sentido son los das de repuestos, asistencia tecnológica, especialmente lo relativo al mantenimiento de estaciones, que está sujeto a patentes y el personal, porque aunque la mayor parte de la plantilla se subrogó también había empleados contratados mediante ETT.
Además, desde el Consistorio añaden que lo pagado no asciende a 4,6 millones de euros sino ya que hay que detraer el IVA, por lo que se han pagado 3,8 millones. Los gastos sufragados bajo la figura de convalidación de gasto "tenían que producirse en cualquier caso, ya que es el necesario para el funcionamiento del servicio y está incluido en el presupuesto anual", indican desde el Consistorio, que también señala que en ningún caso procede sumar este precio a la cesión.
"Una cosa es adquirir un contrato público y otra diferente incurrir en gasto para mantener ese servicio", añaden. Además, subrayan que todos los gastos están ya reflejados en las cuentas del ejercicio de 2017, que la Empresa Municipal de Transportes prevé cerrar "prácticamente en equilibrio y con una significativa reducción de los costes operacionales respecto a la anterior concesionaria".
Estos pagos de convalidación del gasto forman parte de la documentación dada por el Gobierno de Carmena a la oposición en el marco de la investigación sobre la existencia de irregularidades en la compra de Bicimad, cuyo inicio estaba previsto hoy pero se ha retraso por segunda vez al denunciar los grupos que la información no se dio a tiempo ni de forma completa.
