El Ayuntamiento de Madrid empezará a repartir la "tarjeta de vecindad" para proporcionar algunos derechos a los inmigrantes sin documentación a partir de la primera semana del mes de julio, según ha avanzado hoy la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
"Vamos a abrir ese hueco, lo que podamos desde el Ayuntamiento, para aumentar una línea más las posibilidades de integración", ha dicho en su intervención en el Global Compact sobre Migrantes, donde también han acudido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.
La intención del Ayuntamiento es que esta tarjeta de vecindad sirva para que los inmigrantes sin documentación accedan a alquileres de vivienda o cursos de empleo remunerados.
Los votos en solitario de PSOE y Ahora Madrid consiguieron sacar adelante en el Pleno de octubre la Tarjeta de Vecindad, iniciativa presentada por el PSOE y dirigida en un primer momento a inmigrantes en situación irregular y presentada como un instrumento para identificar a la persona y que pueda acceder a servicios públicos.
La tarjeta municipal facilitaría las gestiones y el acceso a las instalaciones y servicios del Ayuntamiento, como servicios sociales, gestiones administrativas, bibliotecas, polideportivos... También se plantearía el acceso al abono transporte y a programas de formación y empleo.
GARRIDO ABOGA POR UNA RESPUESTA CONJUNTA A LOS REFIGIADOS Y ASEGURA QUE LA COMUNIDAD SEGUIRÁ TENDIENDO SU MANO
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, ha abogado este lunes por una respuesta "conjunta, integral y eficaz" de las administraciones en la protección de los derechos de migrantes y refugiados, tarea en la que ha indicado que el Ejecutivo regional seguirá "tendiendo la mano". Así se ha expresado Garrido durante su participación en el centro cultural Conde Duque en 'Pactos que salvan vidas', un foro que se celebra con el objetivo de "impulsar y la cooperación y responsabilidad compartida".
"La protección de los derechos de los migrantes refugiados hace imprescindible una respuesta conjunta integral y un compromiso de colaboración transversal y de cooperación entre entidades sociales, organizaciones internacionales y sociedad civil", ha explicado el dirigente madrileño.
En este sentido, Garrido ha subrayado la necesidad de sumar esfuerzos y de que haya una colaboración transversal de las administraciones para proteger los derechos de las "personas más vulnerables". "En este ámbito, la Iglesia ocupa un lugar destacado, porque no en vano ha sido la primera ONG cuando ni siquiera existían las ONGS", ha destacado. Así, Garrido ha indicado que la Comunidad trabaja en la línea que propone la Iglesia Católica para los pactos globales, y a las personas migrantes y refugiadas se les ofrece acogida e integración a través de los recursos de la administración regional.
Sobre los migrantes del buque Aquarius, Garrido ha señalado que "en cuanto el Gobierno de la nación, responsable de la acogida de refugiados", requiera su colaboración, actuarán como hasta ahora, es decir, "proporcionando atención y ayuda a las 329 personas refugiadas que la Unión Europea ha acordado hasta este momento reasentar en la región".
Junto a ellas, Garrido ha recordado a las personas que llegan "por la frontera sur de España o huyen de otros conflictos producidos en sus países de origen", como ciudadanos venezolanos o centroamericanos. "Cuando hablamos del fenómeno migratorio, hablamos de personas, no estamos hablando de números", ha expresado. En este sentido, Angel Garrido ha señalado que las personas migrantes tienen "una historia concreta, unas circunstancias particulares y unas necesidades específicas de acogida y aceptación".
EL CARDENAL OSORO CONSIDERA EJEMPLAR EL PERMISO DE ESTANCIA DE 45 DIAS
El cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido a los Estados miembros de la ONU que concedan "visados humanitarios" como el que España ha ofrecido a los 629 migrantes a bordo del barco Aquarius, como vía jurídica alternativa para una migración segura "que garantice el principio de no devolución".
España, de acuerdo con la legislación Europea y nacional, ha otorgado a todos los migrantes del Aquarius una autorización de estancia de 45 días por razones excepcionales de carácter humanitario. No obstante, tras ese periodo, a aquellos que no puedan optar al asilo en España o en Francia o recibir un permiso de residencia por razones humanitarias se les abrirá los procedimientos correspondientes para devolverlos a sus países de origen.
"Ejemplos concretos de estas vías podrían ser: los visados por razones humanitarias como el que acaba de conceder el Gobierno de la nación a los acogidos en Valencia", ha subrayado Osoro este lunes 18 de junio en la presentación 'Pactos que salvan vidas' organizada por el Arzobispado de Madrid y celebrada en el Centro Cultural Conde Duque, y en el que también han participado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido.
El arzobispo de Madrid ha lamentado que a veces los migrantes no encuentran la comprensión y la solidaridad y ha hecho un llamamiento para "no dejarse llevar por la civilización de la indiferencia" y por salvar el valor de la solidaridad, sobre todo en estos días en que "la realidad se impone en el puerto de Valencia, en Tarifa y en otros lugares".
En concreto, sobre España, ha indicado que "sería deseable revisar la práctica de las expulsiones sumarias y su cobertura legal" o crear corredores humanitarios para las personas que viven "situaciones particularmente vulnerables", algo que, según ha precisado han intentado desde la Iglesia junto a la Comunidad de Sant Egidio y no han logrado.
También ha propuesto que se favorezcan alternativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, en el caso de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), ha pedido que se promuevan otras vías distintas a la detención obligatoria, se proporcionen centros de acogida y el acogimiento familiar y se asegure a los que alcancen la mayoría de edad que puedan continuar su formación y "se salvaguarde su estatuto de residencia regular".
Además, ha reclamado que se proteja a todos los migrantes y refugiados de la explotación, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos, "evitando la confiscación de documentos por parte de empleadores" y "facilitándoles el acceso a la justicia gratuita".
