Más de mil alumnos afectados por retrasos en obras de colegios en Madrid

  • CCOO estudia llevar los "incumplimientos" a los tribunales
Nuevo Instituto en construcción en Paracuellos
Nuevo Instituto en construcción en Paracuellos |Telemadrid

Los retrasos en las obras de varios centros educativos de la región, que no estarán listos para el inicio de curso, afectarán a "más de mil alumnos" que serán derivados a centros concertados "en contra de la elección de los padres", según CCOO, que estudia llevar los "incumplimientos" a los tribunales.

Para el sindicato, esta situación no es un caso aislado, sino "un 'modus operandi' de la Consejería de Educación", según su secretaria de Enseñanza, Isabel Galvín: "Hacen las convocatorias, las empresas concursan a la baja y luego abandonan porque no pueden terminar los colegios a esos precios".

A un mes del inicio de curso, la única solución es "derivar los alumnos a centros concertados, facilitando así que estos hagan negocio", añade Galvín, para quien "la falta de planificación cuesta dinero a la Comunidad y vulnera el derecho a la libre elección de las familias".

INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos afectan tanto a la construcción de nuevos centros -en Arroyomolinos, Valdebebas, Las Tablas, Paracuellos o Ensanche de Vallecas- como a las ampliaciones por fases de centros ya existentes, como los colegios Miguel de Cervantes en Getafe y el CEIP Constitución de 1812 en Leganés, así como los institutos José García Nieto en Las Rozas y el IES Neil Armstrong de Valdemoro.

"Estamos consultando con varios bufetes la viabilidad de una denuncia contra la Comunidad de Madrid, porque el Gobierno regional está actuando contra el interés general de la población en materia de oferta educativa", defiende Galvín.

Según CCOO, se adjudican concursos a empresas con "trayectorias de abandono de obras, situaciones de ERE y mala relación" laboral y financiera e "incluso investigadas en alguna trama", agrega.

Según la portavoz, existe un movimiento de familias jóvenes, sobre todo en los nuevos barrios, dispuestos a movilizarse para que sus hijos vayan a la escuela pública, "cosa que hace diez años no pasaba".

"Hemos detectado un aumento de esta demanda de familias laicas, muy urbanas, que no quieren que se les imponga una escuela concertada", relata la secretaria, para quien "esta imposición supone un fracaso de la política del PP", ya que unos 15.500 alumnos madrileños "no obtienen plaza en el centro de su primera elección" en el proceso de escolarización.

Tras dos años de mandato de Cristina Cifuentes, la secretaria observa mejoras respecto a la etapa anterior, cuando a su juicio "se optó por no construir centros sino concertar, cediendo suelo público a entidades ideológicamente afines, en un pelotazo educativo correlacionado con los pelotazos urbanístico y sanitario".

CONSTRUYEN CENTROS POR FASES Y SIN PLANIFICAR

Ahora, se vuelve a construir, "pero por fases y sin planificar", y se acaba "derivando alumnado a la concertada: son situaciones diferentes pero al final hay un sistema común de procedimiento", según Galvín, para quien el Gobierno ha actuado impulsado por Ciudadanos, pero ha sido "incapaz de cumplir ni siquiera los compromisos de nuevos colegios" adquiridos por este partido.

Para la secretaria, si el Gobierno "realmente está a favor de la regeneración, debería tener un código ético que excluya a determinadas empresas".

El sindicato mayoritario en la enseñanza madrileña advierte que "en estas circunstancias, no puede haber un acuerdo educativo como pretende el Gobierno" regional.

Sobre las quejas de los profesores interinos por "caos" en los nombramientos y destinos, Galvín explica que la Consejería de Educación se había comprometido a adelantar las asignaciones, que antes se hacían en septiembre con el curso ya empezado.

"Es positivo que hayan querido anticiparlo, pero han externalizado la gestión, que está siendo un desastre: sale más caro y hay muchos errores que se niegan a corregir", según Galvín, que añade que si a un docente "le nombran mal en las listas definitivas, solo le queda recurrir en alzada y pueden tardar tres meses en resolverlo".