El vicepresidente madrileño, Pedro Rollán, ha lamentado la "especulación desmedida" en el precio de la compra y alquiler de vivienda que se está produciendo, a su juicio, como consecuencia de las decisiones urbanísticas del Gobierno de Manuela Carmena, ya que aumenta la demanda de pisos pero se reduce la edificabilidad. En rueda de prensa tras la reunión el Consejo de Gobierno, Rollán se ha referido al último "varapalo" judicial al "urbanismo ideológico" de Carmena, después de conocerse ayer un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspende cautelarmente el Plan Director aprobado por el Ayuntamiento de la capital para los desarrollos del sureste.
Un revés judicial, ha dicho Rollán, a un urbanismo "ideológico" que está castigando "a las clases medias y, sobre todo, a los colectivos más desfavorecidos", porque impide construir vivienda protegida en suelo destinado a ello. "Al reducir la oferta se está provocando el 'efecto Carmena' en el precio de la vivienda: se está incrementando la demandaba pero disminuyendo la oferta, y el resultado es un aumento del precio de la vivienda y del precio de alquiler", ha detallado el vicepresidente.
Rollán, en este sentido, percibe elementos comunes en los ayuntamientos "populistas" de Madrid y Barcelona. "Ellos, que parecía que tenían la solución a los problemas de los residentes en estos municipios, al final resulta que han hecho que sean las dos ciudades donde más está creciendo el precio de la vivienda", se ha lamentado.
Ello demuestra el "estrepitoso fracaso de la política de vivienda" de la izquierda, que en vez de favorecer un desarrollo que ya estaba aprobado, con sus "zancadillas, trabas e impedimentos están retrasando los procesos de ejecución y la posibilidad de que se empiecen a levantar viviendas de protección oficial", lo que lleva a una "especulación desmedida al amparo de las decisiones del Ayuntamiento de Carmena".
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en enero un nuevo plan director para los desarrollos urbanísticos del sureste, en el que se veían especialmente afectados los planes de Valdecarros y Los Cerros, mientras que el ordenamiento de la zona de Aguijones y Berrocales no sería alterado.
El plan municipal ahora paralizado suponía reducir a la mitad estos desarrollos, que podrían urbanizar 53.200 viviendas en lugar de las 105.000 previstas en el planeamiento anterior, reformulado por Ahora Madrid.
En un auto fechado el 2 de julio, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha accedido a la solicitud de las Juntas de Compensación de Valdecarros, Los Cerros y Los Berrocales, que recurrieron la decisión del Consistorio, y ha suspendido la ejecutividad del acuerdo de Gobierno del Ayuntamiento madrileño por el que fue aprobado el plan.
ESPERANDO LA DECISIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DEL ESTE SOBRE EL VERTEDERO DE ALCALÁ
El consejero de Presidencia, Pedro Rollán, ha animado a la Mancomunidad del Este a tomar decisiones que eviten una situación de "emergencia sanitaria" en Alcalá, como elevar la cota del vertedero cuya vida útil termina este año, y así "ganar tiempo" hasta que la nueva planta de residuos de Loeches empiece a funcionar.
La Comunidad de Madrid ya "ha llevado a cabo el procedimiento de expropiación de los suelos" en Loeches que albergarán la futura planta que recibirá los residuos de los municipios del Henares, cuyas obras "posiblemente empiecen en septiembre" con un plazo de ejecución de "entre 16 y 18 meses", ha dicho Rollán.
El gobierno regional "ha notificado por escrito a la mancomunidad las distintas alternativas que considera viables" para solucionar el problema del vertedero de Alcalá de Henares, que está próximo a colmatarse, pero "la competencia reside en la mancomunidad", ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
Ante la próxima reunión del consejo de administración de la Mancomunidad, Rollán les ha animado "a que, de una vez por todas, adopte las decisiones para no tener que llegar a la situación de detectar algún tipo de emergencia sanitaria, porque esta mancomunidad que trata residuos de una población superior a 600.000 habitantes, tiene que ser responsable en la gestión".
La Comunidad "ha dado un paso adelante al cofinanciar hasta un 50 % las infraestructuras" para el tratamiento de los residuos, un compromiso que se refleja en el Presupuesto al destinar 17 millones de euros, añadió el consejero al ser preguntado al respecto.
"Mañana tendrá lugar un consejo de administración de la mancomunidad donde espero que se aborden" las cinco o seis soluciones viables que la Comunidad ha entregado por escrito a los municipios, ha añadido Rollán, entre ellas "elevar la cota del vertedero" para así "ganar un horizonte de tiempo" hasta que la nueva planta entre en funcionamiento.
"La mancomunidad del Henares es soberana a la hora de determinar el modelo y alternativas de tratamiento", agregó el portavoz del Gobierno regional, ante la colmatación del quinto y último vaso del vertedero alcalaíno, cuya vida útil estaba prevista hasta finales de 2018 pero podría adelantarse debido a "la recuperación del consumo y el incremento de los residuos".
Rollán ha recalcado que el Gobierno regional "ha puesto mucho empeño y ha prestado apoyo a distintas mancomunidades en este asunto complejo, pero la competencia reside en los ayuntamientos".
