El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cuando era alcalde de Premià de Mar (Barcelona) no dictó ningún acuerdo o decreto ni dio ninguna orden para permitir ceder locales para la votación el 1-O.
Buch ha declarado como investigado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto delito de desobediencia durante 25 minutos y ha respondido a todas las partes, según han indicado fuentes jurídicas.
El conseller ha acudido al tribunal arropado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, varios consellers y diputados de JxCat, que le han acompañado hasta las puertas del Palau de Justícia.
En declaraciones a los medios tras su declaración, Buch ha explicado que en ningún caso dio órdenes para ceder locales ese 1 de octubre de 2017 y que ha entregado a la Sala los certificados del Ayuntamiento que lo constatan.
Un certificado de la secretaria municipal, consultado por Europa Press, asegura que no consta en los archivos municipales ninguna resolución, comunicación o acuerdo de ningún tipo dictado por el alcalde de Premià de Mar entre los días 7 de septiembre y 1 de octubre de 2017 "de preparación o apoyo de ningún tipo a la celebración del referéndum de autodeterminación" o para facilitar la apertura de locales.
Otro documento cita los ocho centros donde se pudo votar el 1-O en Premià --tres de ellos municipales-- y constata que no hay una "llave única", sino varias copias en posesión del personal docente, servicios de limpieza y otras entidades.
Este documento, firmado por el jefe de la Policía Local, también certifica que el cuerpo y los agentes de la plantilla "no recibieron petición ni requerimiento de ningún responsable para facilitar la apertura de locales".
No tenía llaves
En su declaración a los medios, Buch ha insistido en que mucha gente tenía las llaves de los colegios y que la apertura de los centros se pudo hacer "por que la sociedad se involucró para tener las escuelas abiertas".
"Esto significa, una vez más, que no fue una locura de los diputados del Parlament, del Govern ni de los alcaldes sino que fue la sociedad catalana que quería participar en el referéndum del 1-O", ha argumentado.
Ha explicado que en el interrogatorio le han preguntado por el decreto municipal firmado el 7 de septiembre de 2017, a lo que él ha confirmado que sí que se dictó dicho decreto "de apoyo político" al 1-O, respondiendo a una petición de la Generalitat, pero que fue antes de la suspensión del Tribunal Constitucional.
