El juez del caso 'Dina' dice que miembros del Gobierno amplifican la campaña de desprestigio contra él
- García-Castellón pone en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial lo que consdidera una campaña que pretende deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que instruye la pieza 'Dina' ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las últimas horas en redes sociales. Y resalta que muchos dirigentes, incluidos miembros del Gobierno de coalición, repiten y amplifican los mensajes contra su persona.
En este sentido, denuncia que esos dirigentes, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la pieza 'Dina' de la macrocausa 'Tándem'.
En esa exposición razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscalía, sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, --ambos aforados--, así como de otras cuatro personas. Solicitaba que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
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En esta pieza se indaga sobre robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--.
García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña.
El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que "podrían revestir carácter de infracción penal".
Por último, García-Castellón manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel. Recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".
El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.
El Consejo General del Poder Judicial no podrá hacer otra cosa más allá de tomar conocimiento de la denuncia que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha presentado, porque el magistrado no ha pedido el amparo, pese a que haya advertido de que algunos mensajes son procedentes de "algunos miembros del Gobierno".
Ante este hecho, las fuentes consultadas han apuntado que, en un principio, una vez que el escrito de García Castellón se registre en el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Permanente lo revisará --por lo que aún desconoce si el asunto será incluido en el orden del día de la semana que viene-- y "tomará conocimiento" de los hechos denunciados.
