Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera han comparecido este miércoles ante el juez del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y se han limitado a ratificar las declaraciones que ya hicieron por esta misma causa ante el Tribunal Supremo en el mes de abril del pasado año 2015.
El juez Alvaro Martín, en el marco de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas, los citó a declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción y a fin de "garantizar" tanto su derecho de defensa como el principio de igualdad de las partes ante el proceso.
El primero en llegar a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense, a las 9,45 horas, ha sido Manuel Chaves, quien ha llegado hasta la puerta de los juzgados en coche y custodiado por un férreo control policial. En las puertas de los juzgados le esperaban decenas de medios de comunicación y ciudadanos, entre ellos miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, quienes, al igual que ha ocurrido posteriormente con Griñán y Viera, le han increpado con gritos de 'chorizo', 'no hay pan para tanto chorizo', 'PSOE-PP, la misma mierda es', o 'manos arriba, esto es un atraco'.
Posteriormente, y ya en la comparecencia ante el juez, que se ha prolongado por espacio de 30 minutos, Chaves no se acogido formalmente a su derecho constitucional a no declarar, puesto que, tras la primera pregunta formulada por el magistrado, se ha ratificado "íntegramente" en la declaración que prestó el 14 de abril de 2015 en el Tribunal Supremo.
No obstante, el juez ha permitido que los fiscales Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, hagan constar en acta entre 15 y 20 preguntas relacionadas con las ayudas concretas a empresas como Primayor o Bilore o la concentración de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, mientras que también le han cuestionado por el papel en algunas de estas ayudas del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.
De su lado, la acusación particular que ejerce el PP-A también ha hecho constar una pregunta a Chaves sobre si el Consejo de Gobierno de la Junta acordó en su reunión del 24 de julio de 2001 un préstamo de 3,6 millones a la empresa Promi y, cinco años después, se concedió una ayuda por ese mismo importe y con cargo a la partida 31L, ya que el PP-A considera que se trató de una ayuda "a fondo perdido" y a través de la cual "se demostraría su participación en la dación de ayudas ilegales".
CHAVES DICE QUE EN SU GOBIERNO "NUNCA SE APROBO UNA DECISION ILEGAL"
En un comunicado difundido a la prensa una vez concluida su comparecencia, Chaves ha señalado que se ha ratificado en su declaración en el Supremo, donde prestó declaración "durante varias horas", ha destacado que allí contesto "a todas y cada una de las preguntas" del magistrado instructor y el Ministerio Fiscal, tal y como "consta en la transcripción de la misma, de 49 páginas, que está incorporada a la causa".
"En esa declaración está claramente fijada mi posición ante los hechos ocurridos. Desde el pasado 14 de abril, no se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos ante el Juzgado de Instrucción", pone de manifiesto Manuel Chaves en dicho comunicado.
De igual modo, reitera "una vez más" que en los Consejos de Gobierno que presidió durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".
Tras Chaves, ha comparecido ante el juez el también expresidente de la Junta José Antonio Griñán, quien igualmente ha ratificado la declaración que prestó el día 9 de abril de 2015 en el Supremo en calidad de "imputado".
GRIÑAN ADVIERTE DE "EFECTOS MEDIATICOS" DE LA NUEVA DECLARACION
Griñán también ha emitido un comunicado de prensa en el que explica que, en esta declaración del Supremo, "que se extendió por un tiempo superior a las cuatro horas y cuya transcripción ocupa 63 folios, intervinieron, además del juez instructor, dos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", a los que contestó, "con claridad y minuciosamente, a 119 preguntas".
"También estuvieron presentes y formularon preguntas los representantes de la acción popular", precisa Griñán, que manifiesta en esta nota que "el acta y la transcripción literal de esta declaración están incluidas en la causa que continuó en el Tribunal Supremo incluso después de haber perdido la condición de aforado". "Nada añadiría, pues, una nueva declaración salvo la propia comparecencia y sus efectos mediáticos", apostilla.
Al finalizar la comparecencia, el abogado de Griñán, José María Mohedano, ha criticado que el Gobierno del PP "ha presionado" para que tanto Griñán como Manuel Chaves prestaran declaración como investigados ante el juez del caso ERE e "hicieran el paseíllo" a fin de "compensar los casos de corrupción nuevos que hay".
En declaraciones a los periodistas, Mohedano ha criticado que estas comparecencias "no tienen la finalidad de garantizar el derecho de defensa, que se está vulnerando, ni tampoco el principio de igualdad", todo ello en el marco de un caso "muy antiguo que debería ya cerrarse".
"Esto es una presión para que den el paseíllo", ha subrayado el letrado, señalando que con ello "no acusa a nadie", no obstante lo cual ha referido que recientemente estuvo en Sevilla el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, "porque no se celebraban estas declaraciones". Según ha dicho, estas declaraciones "se pidieron el 25 de enero por segunda vez, pero como nadie accedía a esto, pues vino aquí y estuvo en este Juzgado y estuvo con los fiscales".
"Lo que se trata es muy sencillo, de prolongar este caso, y llamar aquí cada vez con la disculpa de que se le ha ocurrido al fiscal una nueva pregunta, y esto va en contra del derecho de defensa", punto en el que ha recordado que la propia Fiscalía pidió que se declarara la causa de especial complejidad, de manera que la instrucción podrá prolongarse otros 18 meses, algo a lo que "nos hemos opuesto".
A su juicio, "después de cinco años esta causa hay que cerrarla porque ya se ha investigado todo lo investigable" y no debe convertirse "en un show para compensar los casos de corrupción que en otros ámbitos están saliendo en estos últimos meses".
Mohedano, que ha defendido que "la honestidad de Griñán es máxima", ha puesto de manifiesto que la declaración de su patrocinado se ha solicitado "con una finalidad extraprocesal".
VIERA TAMBIEN SE RATIFICA
El último en comparecer ante el juez ha sido el exconsejero José Antonio Viera, quien también ha ratificado la declaración que hizo en el Supremo el día 7 de abril de 2015 tras señalar que únicamente contestaría a las preguntas que formulase el magistrado, que no ha realizado ninguna.
En el caso de Viera, el PP-A ha hecho constar por escrito una pregunta relativa a si el convenio-marco de 2001 se firmó "para conceder ayudas aleatoriamente a empresas y personas afines al PSOE".
El próximo día 30 de marzo, el juez ha citado a declarar también como investigados en la pieza del procedimiento específico a los exconsejeros Antonio Avila, Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías.
