Los primeros alcaldes citados por el 1-O se niegan a declarar

  • Marc Solsona estaba citado a declarar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su condición de aforado
  • Solsona es uno de los más de 700 primeros ediles que han sido citado por la Foscalía por su apoyo a la consulta prohibida por el Constitucional

Los tres primeros alcaldes citados ante la Fiscalía como investigados por colaborar en la organización del referéndum del 1-O se han negado hoy a prestar declaración alegando que el ministerio público se "extralimita" en sus funciones, y se han reafirmado en su compromiso con el 1-O, suspendido por el Constitucional.

De los más de setecientos alcaldes investigados por colaborar con el referéndum soberanista, hoy han comparecido los primeros ediles citados por la Fiscalía: el alcalde de Mollerusa (Lleida) y diputado en el Parlament Marc Solsona, que lo ha hecho ante la Fiscalía Superior de Cataluña dada su condición de aforado, el de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y el de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet.

EL ALCALDE DE MOLLERUSA NO TIENE MIEDO

El alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, se negó este martes a declarar ante la Fiscalía Superior de Cataluña por anunciar que dará apoyo al referéndum de independencia convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y anulado por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre. Así lo explicó Solsona, en declaraciones a los periodistas a su salida de la Fiscalía, a la que acusó de "extralimitarse de sus competencias" al citarle y ser un órgano "politizado".

Solsona es uno de los más de 700 primeros ediles que han expresado su intención de ceder locales municipales para la celebración de la consulta, una actuación expresamente prohibida por el alto tribunal. Si desoyen esta orden del Constitucional podrían incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Sólo este último delito está castigado con penas de cárcel de hasta ocho años.

Solsona explicó que estuvo en la Fiscalía durante media hora y que intentó sin éxito explicar los motivos por los que se negaba a declarar, al tiempo que dejó claro que "votar no es delito, no está tipificado en ningún sitio que participar en un referéndum sea ilegal".

Dijo "no tener miedo" a las consecuencias legales que se deriven de su apoyo al referéndum y aseveró que al igual que se pide derecho a la ley, la justicia y las instituciones, también exigió que se respete su derecho a no declarar ante la Fiscalía. De hecho, retó a que se abra "una causa" a los alcaldes que apoyan el referéndum si se considera que han incurrido en un delito.

Preguntado por si temía ser encarcelado por su apoyo a la consulta, afirmó que "sólo soy alcalde y tengo un compromiso: que la gente pueda votar". "Las consecuencias que haya, las habrá", remachó.

ARROPADO POR FORCADELL Y MEDIO CENTENAR DE VECINOS

El alcalde de Mollerussa (Lérida) y diputado en el Parlamento catalán, Marc Solsona, comparecía ante la Fiscalía del TSJC en su condición de aforado, estuvo arropado por medio centenar de sus convecinos, por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y por varios diputados del PDeCAT que le esperaban a la puerta de la sede judicial coreando "queremos votar".

También estaba citado este martes el alcalde de Oliana (Lérida), Miquel Sala, que ha sido uno de los primeros en acudir a los juzgados de la Seu d Urgell y también se ha negado a prestar declaración.

En esa misma sede judicial han comparecido el alcalde de La Seu d Urgell, Albert Batalla, y los presidentes de los consejos comarcales del Alt Urgell y el Alta Ribagor a, siguiendo la misma pauta de guardar silencio. También se ha mantenido en silencio el edil del Pont de Suert, José Antonio Troguet.

Este miércoles también declararán en diferentes oficinas de la Fiscalía 17 alcaldes catalanes, algunos de los cuales, como el de Sabadell (Barcelona) ya han dicho que no lo harán.

Entre ellos lo harán ante la Fiscalía Superior de Cataluña, como aforados que son, el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).