El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la ley de presidencia catalana que permite la investidura a distancia de Carles Puigdemont, después de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la citada norma.
La decisión de admitir a trámite el recurso, que ha sido adoptada por unanimidad, determina de modo automático la suspensión provisional de la norma recurrida y va acompañada de la advertencia al president del Parlament y a los demás miembros de la Mesa de que deben acatar la resolución o pueden incurrir en desobediencia.
EL GOBIERNO RECURRIÓ
El Consejo de Ministros ha acordado hoy presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat de Cataluña que permitiría la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso, que cuenta con el aval unánime del Consejo de Estado, con lo que "el Gobierno cumple con su deber defendiendo la Constitución y el respeto a la ley", según ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado de esta decisión y ha hecho hincapié en que la investidura del presidente de la Generalitat tiene que ser presencial y no a distancia.
Méndez de Vigo ha avisado de que, en el caso de que el Tribunal Constitucional admita el recurso y suspenda la ley, se podría estar incurriendo en un delito de desobediencia si se sigue adelante con la idea de JxCat de investir el próximo lunes a Puigdemont, que, a su juicio, es "la verdadera intención que había detrás" de la reforma. "Ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat puede ser investido si no está presente en el Parlamento defendiendo en su sede su programa investidura", ha recalcado Méndez de Vigo, quien ha reiterado que el Constitucional ya se pronunció en enero pasado y adoptó medidas cautelares en abril tras admitir a trámite otro recurso del Gobierno.
Puigdemont, según ha recordado, es actualmente "un prófugo" de la Justicia y pesa sobre él una orden de detención y entrega que está siendo estudiada por los jueces alemanes. "Ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat puede ser investido si no está presente en el Parlamento defendiendo en su sede su programa investidura", ha recalcado Méndez de Vigo, quien ha reiterado que el TC ya se pronunció en enero pasado y adoptó medidas cautelares en abril tras admitir a trámite otro recurso del Gobierno.
El Ejecutivo también ha recurrido el hecho de que el trámite de aprobación de la reforma de la ley se hiciera por lectura única, pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, así como el hecho de que la reforma va contra la "reserva reglamentaria" del Parlament. Del mismo modo, se recurre la posibilidad de permitir sesiones de órganos colegiados de la Generalitat a distancia, por vía telemática. "Nadie puede tener ninguna duda de la voluntad del Gobierno de impedir cualquier vulneración o fraude de la ley", ha subrayado Méndez de Vigo.
Para el portavoz, el Ejecutivo ha pretendido "y ha conseguido" restablecer el orden constitucional y estatutario vulnerado en Cataluña, recuperar la convivencia, devolver la confianza en las instituciones y frenar el deterioro económico y social. El pasado viernes, nada más ser aprobada la reforma de la ley en el pleno del Parlament con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, el Consejo de Ministros solicitó un informe urgente al Consejo de Estado, preceptivo, aunque no vinculante.
Informe que ha sido favorable a la presentación del recurso y que contó el lunes con la unanimidad de los miembros de la Comisión Permanente de este órgano consultivo del Estado, que coincidieron en que la reforma de la ley vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlament.
También insistió el Consejo de Estado en que la investidura del presidente de la Generalitat tiene que tener carácter "personal y presencial", recalcó que la reforma va además contra la "reserva reglamentaria" del Parlament y se opuso al procedimiento de lectura única que se utilizó para su aprobación.
