El Gobierno ha decidido establecer un mecanismo de control de pagos en la Generalitat Cataluña para dar seguridad ante la "incertidumbre" que generan determinadas posiciones políticas en la comunidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explicó que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad, "no completamente" pero "sí en los pagos esenciales". Montoro explicó que es un mecanismo "novedoso" pero "necesario" para garantizar los servicios públicos fundamentales en Cataluña y que no se destine un solo euro público al referéndum "ilegal" del 1 de octubre.
Además, el ministro señaló que se le dará 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto que afecte a todos los pagos no vinculados con los servicios públicos esenciales, que son nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.
Montoro explicó que este acuerdo, que se ha adoptado en una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos después del Consejo de Ministros, "se materializará a comienzos de la próxima semana", momento desde el cual "comenzará a contar" ese plazo de 48 horas. Si en ese periodo de tiempo el responsable del gobierno catalán no adopta ese acuerdo, "será el ministro de Hacienda el que adoptará en su sustitución".
Para los pagos de los servicios fundamentales, el importe equivalente a todas las transferencias que el Estado realiza a Cataluña, esta comunidad deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes al respecto junto con un certificado de que "no financia ninguna actividad relacionada con el proceso refrendario ni ninguna actividad no amparada por la ley".
Una vez que se reciba la información, el Estado pagará directamente al tercero, de manera que sufragaría "directamente" todos los servicios públicos fundamentales, tal y como se está haciendo con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
"La Generalitat no puede librar con ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado", incidió Montoro, quien agregó que el Gobierno trabajará para que no se pueda materializar ningún pago de ese tipo. Además, añadió que todas las operaciones de endeudamiento deben ser aprobadas por Hacienda.
El ministro defendió que con estas actuaciones se garantiza "el servicio público al máximo", puesto que "no podemos confiar en unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos de estabilidad presupuestaria pero a su aire" y eso "no es admisible".
NO AFECTA A COMPETENCIAS
Montoro concluyó que este sistema "no afecta al ejercicio de las competencias" de la Generalitat, "no estamos sustituyendo competencias y sí estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividad ilegal".
Respecto a los impuestos cedidos, Montoro señaló que "ahí no entramos", para recordar que los recursos propios suponen al mes para una comunidad del tamaño de Cataluña de unos 250 millones de euros, cuando la cuantía que tendría que recibir en términos de financiación autonómica es de unos 1.400 millones de euros.
Por otra parte, señaló que al Gobierno no le consta que haya ningún tipo de 'fondo de reptiles' en Cataluña, afirmó que sería algo "impropio" de una administración moderna y sentenció que parece una "fantasía".
Montoro quiso dejar claro que lo que se está aplicando es la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para señalar que es "imposible" que la Generalitat no cumpla con esta medida porque significaría que no se pagaran los servicios públicos o la seguridad ciudadana en Cataluña. "Estamos convencidos de que va a cumplir" y "pensamos que van a ser medidas eficaces", dijo el titular de Hacienda, quien pidió no ir más allá y plantear la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía. "Estamos ante una gran novedad en términos de la intervención del Estado, no se había hecho nunca y se hace por la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo", aseveró.
El tiempo que durará la medida, expuso, dependerá de cuánto se extienda esta situación de excepcionalidad, algo que depende de las actuaciones de los dirigentes de la Generalitat.
En este punto, llamó la atención a los responsables de la Generalitat para que aclaren si van a poner "en riesgo" la prestación de los servicios públicos en Cataluña, las transferencias a las familias o los pagos a la dependencia.
NI DINERO PÚBLICO NI PRIVADO
El ministro explicó que el Gobierno tiene "seguridad" de que hasta finales de agosto no se ha dedicado dinero público al referéndum, y señaló que, "a estas alturas", no se puede pronunciar sobre si ha habido "falseamiento de documento público".
Montoro apuntó que lo que se teme es que "puede intentarse ahora" destinar dinero público al 1-O y eso es "lo que estamos atajando".
En todo caso, aclaró que si una actividad es ilegal no se puede financiar ni con dinero público ni con privado. "Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, ya sea pública o privada".
ACTUACIÓN DE LA INTERVENTORA
El ministro de Hacienda informó de que se ha enviado a la Fiscalía la actuación de la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, quien no remitió la información sobre las obligaciones de pago de la comunidad autónoma obedeciendo la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
"Cualquier funcionario público está obligado a cumplir las órdenes siempre que sean legales", dijo Montoro, y en este caso, la interventora siguió las indicaciones del vicepresidente "a sabiendas" de que era ilegal, lo que ha motivado que el Gobierno envíe esta actuación a la Fiscalía.
