El ex director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles que "nunca" ha hablado de 'fondos de reptiles', aclarando que no podía hacerlo cuando tenía "una partida presupuestaria --22E y 31L-- con memoria, dotación para un fin concreto y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía". "Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados", ha insistido. Así se ha pronunciado Guerrero a preguntas de su defensa en la novena sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el 'procedimiento específico' por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por la Junta.
Tras concluir el visionado de la declaración de Guerrero ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en octubre de 2015, que ha ratificado con una salvedad, el ex director general ha aclarado que no ratificó las declaraciones realizadas ante la juez Mercedes Alaya, que comenzó la instrucción del caso, ni las realizadas ante Policía Nacional y Guardia Civil, porque hay "errores y conceptos que no habían salido de mi boca". Así, ha asegurado que "nunca" ha hablado de 'fondo de reptiles', expresión que se relaciona con el propio Guerrero para describir el destino de las partidas. "Nunca salió de mi boca. Se ha tergiversado y ha servido de base para la prensa y muchas informaciones y para pensar que teníamos fondos reservados. Nada cierto", ha expresado el ex director general, precisando que se habla de una partida, la 22E y posteriormente la 31L, que "cumplían los requisitos y garantías legales de la administración andaluza, que aprobó durante nueve años con la Ley de Presupuestos".
"SIEMPRE TRABAJE CON LA LEGALIDAD"
Guerrero, que ha resaltado que siempre trabajó "con la legalidad", ha señalado que las ayudas previas para las jubilaciones anticipadas se amparaban en la Orden ministerial de 1994; las ayudas sociolaborales a extrabajadores de empresas en procesos de reconversión o en crisis, o a trabajadores con pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral, o las ayudas directas a empresas con planes de reestructuración se otorgaban bajo el amparo de la Orden ministerial de 1995.
En este contexto, ha indicado que el convenio marco firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posterior agencia IDEA-- y la Consejería de Empleo --siendo consejero José Antonio Viera-- en 2001 "marcaba la forma de gestión de estas ayudas".
Preguntado por su abogado sobre la presencia de intrusos en los expedientes, Guerrero ha explicado que las ayudas siempre han sido "individuales", aclarando que cuando se habla de 6.300 ayudas sociolaborales en su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo son 6.300 expedientes. "No hay expedientes colectivos, sino ayudas individuales reguladas en función del salario del trabajador, su categoría, etc.", ha precisado.
Las aportaciones de la Junta a la ayuda, con complementos entre un 75 y un 82 por ciento, estaban "pactadas con sindicatos y comités de empresa", ha apuntado Guerrero, que ha precisado que si había intrusos es por "ahorro administrativo" de las compañías aseguradoras, que nombraban los expedientes "con el nombre de la empresa a la que pertenecían la mayoría de trabajadores beneficiarios" e incluían los pertenecientes a otras sociedades o a trabajadores con ayudas individuales.
"Por tener una referencia de una póliza la compañía usaba el nombre de la empresa a la que pertenecían el mayor colectivo de trabajadores, pero se incluía en ellas a trabajadores con expedientes de ayudas individuales", ha insistido, añadiendo que "no son intrusos, sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos como los 20 ó 30 trabajadores que habían salido de la empresa" que daba nombre a la póliza.
VIERA "NUNCA ME IMPUSO NADA"
De otro lado, Guerrero ha defendido la "honestidad" de los miembros de los gobiernos de la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo. "Los gobiernos de la Junta han sido honestos en su trabajo y conscientes de la realidad andaluza", ha reiterado.
Guerrero ha querido aclarar otras cuestiones de sus declaraciones leídas en el juicio, una ante la Policía Nacional, dos ante la Guardia Civil y otra ante Mercedes Alaya, y, en esta línea, ha negado "imposiciones" del exconsejero José Antonio Viera, que "sólo se preocupaba de los problemas que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía". "No hubo imposición, sólo reflexiones y explicaciones", ha reiterado Guerrero. "Como cualquier otro consejero nunca me impuso nada, sólo se preocupaba por los expedientes que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía, como el exconsejero Isaías Pérez Saldaña, de Huelva, lo hacía por la Faja Pirítica, o el exconsejero Gaspar Zarrías, de Jaén, por Santana", ha declarado.
VIERA, EXCONSEJERO DE EMPLEO: LA INTERVENCIÓN NUNCACITÓ QUE HUBIERA ILEGALIDAD
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que la Intervención de la Junta de Andalucía nunca se refirió a él "con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad" en el sistema con el que el Gobierno autonómico repartía las ayudas sociolaborales investigadas.
Viera es el segundo de los 22 ex altos cargos socialistas que se sientan en el banquillo, acusado de prevaricación y malversación por lo que se enfrenta a ocho años de cárcel, y a diferencia del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí ha decidido responder las preguntas de la Fiscalía. Durante su declaración ha señalado que desde el Consejo de Gobierno -que en su etapa de consejero de 2000 a 2004 presidía Manuel Chaves- existía una directriz general para resolver conflictos laborales que se estaban dando en Andalucía por el cierre o reestructuración de empresas y que afectaban a miles de trabajadores.
A raíz de los reparos de la Intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina, ordenó a su equipo buscar una fórmula "dentro de la legalidad" que permitiera dar ayudas con "agilidad y eficacia" y tras consultarlo con la Dirección General de Asuntos Europeos quedó claro que se podían conceder siempre que no fueran a empresas, para que no colisionaran con fondos europeos, sino a los trabajadores afectados.
Se elaboró un convenio entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA en 2001, que él firmó como consejero entendiendo que había pasado todos los filtros y "cumplía todos los requisitos legales", por lo que a preguntas del fiscal ha admitido que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico. Desconocía que con ello cambiaba el organismo pagador de las ayudas (al pasar al IFA) y por tanto ya no pasaban el control de la Intervención de la Junta pero ha asegurado que el IFA "tenía una fiscalización continua, no una sino dos".
También ha declarado que no recuerda que su viceconsejero Antonio Fernández le planteara una "situación de alarma" en la tesorería del IFA para afrontar pagos de ayudas comprometidas.
Según Viera, no despachaba con Guerrero cada ayuda que se daba pero sí ha admitido haberle trasladado la petición de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla ante su proyecto de crear un Matadero y haberle indicado que viera qué se podía hacer "dentro de las posibilidades de la consejería".
También se interesó, ya sin ser consejero, por otras ayudas a la comarca -que concentró un importante montante del fondo- porque le preguntó el alcalde de Cazalla de la Sierra.
Durante el interrogatorio, Viera ha reiterado que cuando él firmaba los convenios de las ayudas ya tenían "el visto bueno de todos los centros directivos" de su consejería.
Preguntado por el fiscal Anticorrupción Manuel Fernández si vio expedientes que detallaran quién solicitaba la ayuda, su cuantía o los informes para aprobarla, ha insistido una y otra vez -también sobre ello le ha preguntado su abogada, Candela Estévez- en que no era su competencia revisar todo eso.
Ha negado "rotundamente" que se fraccionaron ayudas para eludir controles: "La Consejería no estaba para eludir controles de la Intervención, es que no puedo aceptar que un consejero de la Junta de Andalucía esté organizándose para saltarse los controles para cometer algún tipo de fraude, es que no me entra en la cabeza y tengo una larga vida política en la gestión", ha dicho molesto.
Cuando el fiscal le ha preguntado, monstrándole documentos, si sabía que con dinero de los ERE se pagó una campaña de publicidad del SAE o unas instalaciones del 112 ha contestado "no lo conozco" o "no lo recuerdo".
Igualmente ha eximido al presidente Chaves de ese conocimiento en el caso de la ayuda a Santana que se abordó en el Consejo de Gobierno: "Conocía el problema pero tenía un total desconocimiento de los instrumentos que se estaban vehiculando para llevar a cabo una reordenación en Santana".
