Sánchez rechaza el referéndum que pide Torra y que haya presos políticos

  • Interior inicia los trámites para el traslado de los presos del "procés"
  • Llarena reitera que la decisión de trasladar a los presos es de Interior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado hoy el referéndum pactado que pide el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al asegurar que mantendrá la posición que el Ejecutivo ha tenido siempre al respecto, además de recalcar que en España no hay presos políticos. Sánchez se ha referido a las palabras de ayer de Torra en Washington, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de líderes socialistas europeos previa a la Cumbre de la UE.

El presidente del Ejecutivo ha subrayado, ante la petición de un referéndum, que el Gobierno de España ha sido "bastante claro" al respecto "durante muchos años y (su posición) no ha cambiado". Sánchez se ha referido asimismo al incidente ocurrido anoche durante la recepción oficial de inauguración del festival cultural Smithsonian Folklife en Washington, en el que participaba como invitada Cataluña, y a la decisión de Torra de abandonar el acto mientras el embajador de España, Pedro Morenés, pronunciaba su discurso, por considerarlo "intolerable y ofensivo".

Preguntado por si compartía el discurso de Morenés, Sánchez ha dicho que no lo ha escuchado pero que lo que puede asegurar es que "presos políticos en España no hay". Ha subrayado que ha hecho esta misma afirmación en muchas ocasiones y ha dicho que en Cataluña hay una crisis política que hay que resolver "desde la política".

En ese contexto ha enmarcado la reunión que mantendrá con Torra en el Palacio de la Moncloa el próximo 9 de julio, donde considera que se debe hablar, además de sobre esa situación, del "día a día de los catalanes". Por ejemplo, ha dicho, de la sanidad, el empleo, la educación y cómo restablecer las relaciones entre las instituciones españolas y catalanas.

"Nosotros no vamos a utilizar el agravio territorial, no vamos a buscar para nada la confrontación con el Gobierno de Cataluña, pero es evidente también que este Gobierno va a ser claro en lo que respecta al Estado social y democrático de derecho", ha manifestado. Sánchez ha resaltado que España es un país democrático, con una "democracia asentada y homologable al conjunto de democracias europeas" y ha insistido en que "en esos parámetros" se moverá el Ejecutivo.

TRÁMITES PARA EL TRASLADO DE LOS PRESOS DEL "PROCES"

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si ya ha concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán con la perspectiva de trasladar a cárceles catalanas a los presos preventivos de esa causa. Fuentes del Ministerio han confirmado a el envío de ese escrito, que afecta a cuatro presos, entre ellos los "Jordis", y que supone el primer trámite para el traslado de los reclusos.

Por el momento, al Tribunal Supremo solo ha llegado la notificación por parte de la prisión madrileña de Soto del Real, donde se encuentra el excandidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y la de Alcalá-Meco, donde se encuentran la expresidenta del Parlament Carme Forcadell,; y la exconseller Dolors Bassa.

Llarena ya tiene sobre la mesa el escrito de prisiones para resolver sobre el posible traslado de estos cuatro procesados, si bien no hay un plazo establecido para tomar esta decisión, según fuentes del Tribunal Supremo. El resto de reclusos, entre ellos el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, se encuentran en la cárcel de Estremera.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción que desarrolla en el Tribunal Supremo y que está próxima a su final.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que es razonable que, concluida la instrucción, se produzca ese acercamiento. Llarena tiene que pronunciarse sobre varias cuestiones y decidir si practica nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varios testigos solicitada por las defensas, además de recibir un informe de la Fiscalía.

También tiene pendiente pronunciarse sobre la libertad que ha solicitado Joaquim Forn y dictar la resolución para la suspensión de los siete diputados catalanes (incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) cuyo procesamiento ya es firme. Es decir, el fin de las diligencias respecto a los presos preventivos está próximo, con independencia de lo que ocurra respecto de los procesados que se encuentran huidos en el extranjero.

Grande-Marlaska ha reiterado que, aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez que instruye el proceso para no entorpecer la práctica de diligencias. Llarena ya aclaró en un auto que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez.

Según el diario El País, Interior también ha pedido un informe para acreditar que los nueve presos del "procés" tienen arraigo familiar en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones.

Esos presos son el exvicepresident catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado y expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

LLARENA REITERA QUE LA DECISIÓN DE TRASLADAR A LOS PRESOS ES DE INTERIOR

El juez que instruye la causa abierta sobre el "procés", Pablo Llarena, ha contestado al escrito remitido por Instituciones Penitenciarias que la decisión de trasladar a cuatro presos preventivos, entre ellos los "Jordis", corresponde al Ministerio del Interior. Por el momento, Llarena, que ya advirtió anteriormente de este asunto, únicamente se refiere al excandidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y a la exconseller Dolors Bassa.

Sin embargo, éstos no son los únicos procesados que han pedido su traslado a cárceles de Cataluña, si bien las primeras solicitudes que han llegado al Tribunal Supremo y sobre las que el juez ha decidido solo afectan a estos cuatro presos, según han informado a Efe fuentes jurídicas.