El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado a Jordi Sànchez (JxCat) el permiso para acudir al Parlament al pleno convocado para investirle president de la Generalitat y también ha rechazado que salga en libertad. La defensa de Jordi Sànchez (JxCat) ha confirmado que este lunes a las 8.00 horas presentará una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para pedir su puesta en libertad con el objetivo de acudir al pleno de investidura fijado inialmente para las 10.00 horas de ese mismo día. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido aplazar el pleno de investidura a la espera de que se resuelva el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
El candidato, Jordi Sánchez, había pedido en los últimos días, en varios escritos dirigidos al magistrado, que pusiera fin a su situación de prisión preventiva y también que, antes de resolver sobre esto, le concediera un permiso para acudir al pleno convocado para el lunes.
El juez ha denegado hoy tanto la libertad solicitada por Sànchez, acusado de sedición, como los permisos extraordinarios para poder acudir al Parlamento de Cataluña al acto de investidura.
En un auto, que coincide en líneas generales con los argumentos defendidos por el fiscal en un escrito que el Ministerio Público le ha presentado hoy, el magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, como ya había hecho en escritos anteriores. Según el escrito de la Fiscalía este riesgo de reiteración delictiva se ve acrecentado hasta ser "extraordinario" a la luz del acuerdo de legislatura entre el partido de Sànchez, JxCat, y ERC.El juez no usa este argumento, pero sí se refiere en su auto a la reciente integración de Jordi Sànchez en una candidatura electoral "que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon".
En otro orden de cosas, el juez deniega el permiso recordando que el derecho a la participación política se puede limitar fundándose en finalidades constitucionalmente legítimas y proporcionadas. Es decir, que ante el temor de que se dañe la Constitución, ese bien es prioritario sobre los derechos de Sànchez. En otras palabras: "Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde".
Respecto al permiso, pone en duda que una conducción vigilada permitiera un traslado seguro de quien ha empleado su liderazgo en "sobrepasar" al Estado. El magistrado repite en su auto el argumento que ya ha formulado el fiscal en relación con el precedente de los años ochenta, cuando la Audiencia de Navarra concedió permiso de salida a un preso acusado de terrorismo, Juan Carlos Yoldi, para acudir a defender su investidura como lehendakari. Tanto el fiscal como Llarena parten de la base de que se trata de delitos distintos. Y, así, dice el juez, en el caso de Yoldi, el permiso solo podía afectar a un eventual riesgo de fuga, por lo que se adoptaron las pertinentes medidas de seguridad.
Sin embargo, en relación a Sànchez, la prisión provisional no obedece a razones de orden público, sino al riesgo de reiteración delictiva. Este riesgo se favorecería si se le dejara salir, a la vista de "que la actividad delictiva que se investiga se desplegó -precisamente- desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales (...) y en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente", dice.
CONCIERTO DE VOLUNTADES PARA CONSEGUIR INSTAURAR LA REPÚBLICA CATALANA
Además, el juez relata diversos indicios de delito que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción contra Sànchez y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república en Cataluña fuera de todo cauce legal.
Explica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre de 2017 (fecha del asedio a la Consellería de Economía) "hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace".
El Supremo destaca que es "intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión (de Cataluña) desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad". Además, el juez afirma que el grupo parlamentario de Junts per Catalunya tiene otros integrantes con los mismos apoyos que Jordi Sànchez para poder postularse a presidente de la Generalitat y sin los riesgos para delinquir que sí que aprecia en él.
MÉNDEZ VIGO: UNA FARSA QUE CHOCA CON LO QUE LOS INDEPENDENTISTAS DIJERON
El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha expresado este viernes el respeto del Ejecutivo a la decisión del Tribunal Supremo de denegar permiso a Jordi Sànchez para que acuda al Parlament el próximo lunes para someterse a una sesión de investidura, pero ha pedido a los partidos políticos que mediten porque "no se puede engañar sucesivamente a los catalanes". Méndez de Vigo ha insistido en que no puede ser presidente autonómico una persona en prisión provisional y ha reclamado a las formaciones que busquen y encuentren a una persona con plena capacidad de ejercer las funciones "y siempre dentro de la legalidad y el orden constitucional". "Son obviedades", ha subrayado.
Méndez de Vigo ha recalcado que el Gobierno mantendrá en Cataluña "el orden constitucional" y ha señalado que el Gobierno estará atento también por si el acuerdo de ERC y JxCat para desencallar la situación -un documento que han ofrecido a la CUP con continuas alusiones a la república catalana y que culminaría en una "multiconsulta"-- se convierte en el contenido de un pacto de gobierno. "Es un documento a mayor gloria de los anstisistema y radicales de la CUP, que tiene verdaderas perlas. Que en la Cataluña del siglo XXI se hable del Parlamento como el ágora del debate republicano, que se diga que hay que crear un país con una visión disruptiva del régimen autonómico o que se recoja que el poder republicano radica en el empoderamiento de la gente, esto es la épica de la fonética y está totalmente alejado de la realidad de las cosas", ha resaltado.
Méndez de Vigo ha afirmado este documento "choca y se contradice de forma palpable con las buenas palabras y el acatamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional que han expresado ante el juez todos" los independentistas que han "declarado ante el Supremo", asegurando que "no hubo declaración de una república y que aquello era simbólico". "Esto es un engaño más y una parte de la farsa como es que pretendan constituir en Bruselas lo que llaman espacios libres", ha enfatizado, para recalcar que "no van en la buena dirección" de restablecer el "orden, la seguridad y la tranquilidad de la gente", ocupándose de los problemas de los catalanes.
LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES PARA EL EXDIRECTOR DE LOS MOSSOS, PERE SOLER
Por su parte, la juez Carmen Lamela ha dejado en libertad con medidas cautelares -prohibición de salir de España y comparecencias quincenales- al exdirector de los Mossos Pere Soler -exjefe de Josep Lluis Trapero-, después de que el fiscal pidiera para él 100.000 euros de fianza aludiendo a los "nuevos fugados".
Según han informado fuentes jurídicas, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha pedido la imposición de una fianza para Pere Soler, al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, dada la existencia de nuevos fugados, como la portavoz de la CUP Anna Gabriel, y la persistencia de su partido JxCat, de investir a un preso, en alusión al líder independentista Jordi Sánchez, y a un huido, Carles Puigdemont, como presidente de facto. Así se busca perpetuar el "procés", mientras otros buscan espacios políticos libres en el exilio, ha añadido el fiscal, según las fuentes.
Pese a estos argumentos, la magistrada de la Audiencia Nacional ha optado por dejarle en libertad con medidas cautelares, tal y como ya hizo hace unas semanas con Trapero, tras tomar declaración como investigado a Soler durante dos horas y cuarto en el marco de la causa en la que investiga por sedición la actuación de los Mossos el 1-O.
El fiscal también ha esgrimido también que Soler era un mando de los Mossos y responsable político, que era pública su inclinación al referéndum y así se lo comunicó a Trapero, incitándole tácitamente al menos a no impedirlo, han indicado las fuentes.
Recuerda además que el Tribunal Constitucional le requirió expresamente para impedir el referéndum a raíz de la suspensión del decreto por el que el Parlament aprobó la consulta, y en lugar de ello "hizo más bien lo contrario", tal y como ya señaló la Fiscalía en el informe en el que pidió ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos a Soler y Puig.
Las fuentes consultadas han explicado que Soler ha asumido la iniciativa de revisar las actas de comunicación entre los Mossos el 1-O, tal y como reclamó Lamela en un auto, y ha defendido que el solo transmitió sus opiniones a Trapero y el resto de consellers, ya que él no dirigía operativos policiales.
