El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha coordinado diferentes atestados realizados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares concedidos por la Junta ha declarado este lunes que no existía fiscalización previa en las ayudas sociolaborales a trabajadores ni en las ayudas directas a empresas en crisis, así como que el que fuera consejero de Presidencia Gaspar Zarrías tenía conocimiento de su existencia y del procedimiento de concesión. Así lo ha manifestado este agente, responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, este lunes en la sesión con la que se ha dado comienzo a la fase testifical y pericial del juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se daban las ayudas en los ERE entre los años 2000 y 2010.
Coordinó diferentes atestados de la Guardia Civil, que ha ratificado en su totalidad, en plena comunicación y coordinación con la juez instructora Mercedes Alaya. Preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre los requisitos de los trabajadores para acceder a las ayudas, ha asegurado que no había norma reguladora, añadiendo que la investigación y en la fase de instrucción de la causa no vio nada referente a los requisitos, ni a la verificación de éstos.
Precisamente, ha explicado que en alguno de los convenios que ha analizado, entre éstos el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L a través de transferencias de financiación de la Consejería al ente instrumental, ha tenido constancia de que se apunta la existencia de comisiones de seguimiento de las ayudas, pero "no hubo ninguna". "No sólo se omitía la fiscalización previa de las ayudas, sino también el control posterior", ha concluido.
El funcionario ha señalado que, según manifestaciones del expresidente del IFA Salvador Durbán --citado a declarar como testigo este martes--, la Consejería de Empleo y otras usan al instituto como "caja pagadora" para "agilizar" algunos procedimientos.
En este sentido, ha recordado que en 1999 el consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez firmó un convenio con IFA para el pago de 114 millones de pesetas en ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa). En verano de este año, según ha continuado, el instituto paga "75 millones de pesetas" pero "no hay convenios" y "aún así se paga". "Es irregular", ha asegurado el agente de la UCO, que ha añadido que el convenio se firmó "después". El resto de la ayuda se pagó en diciembre.
A raíz de ver esto durante la investigación, ha apuntado que solicitaron a la Junta un informe de fiscalización y le contestan "que nunca se ha fiscalizado", lo que, a su juicio demuestra que el Gobierno autonómico usó el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como "caja pagadora".
"Casi todos los actores --de los ERE-- aparecen en el expediente de Hamsa, la génesis, la mediadora Vitalia, el 'conseguidor' Juan Lanzas', el gabinete Estudios Jurídicos Villasís o intrusos", ha manifestado. Precisamente sobre estos últimos ha señalado que no existía un perfil determinado.
"NO LO IDEO GUERRERO"
En este sentido, ha declarado que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero "no ideó" el sistema de concesión de ayudas, sino "que le viene de arriba", sin concretar nombres. Además, ha señalado que en la Consejería de Empleo "no había" una estructura en relación a los expedientes de ayudas, sino que las peticiones podían llegarle a Guerrero desde "sus superiores, IFA o Lanzas". "En base a una norma reguladora de solicitud de ayudas, no hay peticiones formales", ha precisado.
Sobre los 'conseguidores', el agente ha indicado que éstos buscaban a comités de empresas y sindicalistas y le "ofrecían" hacer un ERE y a las empresas le "ofertaban" un reajuste con financiación de la Junta. Algunas empresas, incluso, le pagaban dinero a éstos, como Samec a Juan Lanzas, hasta "un 15 por ciento de la ayuda que consiguieron de la Junta".
Al respecto de las mediadoras, el agente ha indicado que las manifestaciones y declaraciones en fase de instrucción coinciden en señalar que Uniter "entró de la mano de Antonio Fernández y Vitalia, de Guerrero" en la negociación de las ayudas. Además, ha señalado que en estos casos se pagaron, con dinero de las ayudas, a Estudios Jurídicos Viallasís, sindicatos e incluso a algunas empresas, como las del exchófer de Guerrero, así como se hicieron "transferencias directas a Guerrero, a Lanzas y efectivo en sobres para pagos en Andalucía".
"DESCONTROL"
Al hilo de esto, ha resaltado el "descontrol" que existía en el pago de las pólizas, que abonaba la Junta con un calendario de pago, pero que "a veces" no se cumplían. "IFA, como caja pagadora, paga sin respaldo presupuestario y era tal la cantidad de compromisos asumidos por Guerrero con empresas y trabajadores y éstos con aseguradoras, que las compañías reclamaban el dinero a los ex directores generales como Guerrero o Juan Márquez, quienes iban indicando a las aseguradoras a quien pagar, iban parcheando".
El declarante fue el firmante del atestado entregado en abril de 2015 por la Guardia Civil al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, sobre la 'implicación' de Zarrías en el caso ERE. Así, ha manifestado que la Comisión General de Viceconsejeros --los denominados 'consejillos'-- tenía la capacidad de decidir que pasaba al Consejo de Gobierno, así retiró una ayuda a Pickman de 1,8 millones de euros o a Anovo en 2004, que posteriormente se aprobaron en el Consejo Rector del IFA "troceando" el montante total en diferentes ayudas de menor cantidad para que por el límite de las mismas no necesitaran ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.
"El consejillo dispone que llega al Consejo de Gobierno y está claro que no interesa que lleguen proyectos de normalización del procedimiento --como los borradores de decretos que surgieron en la Dirección General de Trabajo o Consejería de Empleo para regularizar las ayudas-- ni las ayudas concretas", ha expuesto el agente de la UCO.
A la vista de la documentación y de las manifestaciones de Zarrías, según ha indicado, el exconsejero de Presidencia y el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera sabía que "había un problema con diferentes ayudas que solucionar rápido y se opta por agilizar todo y ahí entra la discrecionalidad en resolver los asuntos". Zarrías, según ha insistido, "tenía conocimiento del procedimiento y de cómo se daban las ayudas", así como de los problemas en la provincia de Jaén, como otros consejeros de sus provincias.
A preguntas del abogado del PP-A Luis García Navarro, el agente ha insistido en que el Consejo de Gobierno era "consciente" de las ayudas. "¿Del procedimiento exacto?", se ha cuestionado el funcionario, explicando que se aprueban las modificaciones presupuestarias, "se cambian de partidas con una fiscalización a otras con otro tipo de fiscalización, se especificaban para qué eran e incluso las empresas".
A preguntas de la defensa de Fernández, el agente de la UCO ha insistido en que era "evidente" que el Consejo de Gobierno "sabía a quienes iban las ayudas", asegurando que existía "ocultamiento" en la Consejería de Empleo, pues, según manifestaciones de cargos de IDEA, "no concedía los expedientes de las ayudas" al instituto.
El interrogatorio a este agente por parte del abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, que continuará este martes, ha sido interrumpido en varias ocasiones por el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña.
