El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros autonómicos que le acompañan en Bruselas ya no tienen causas pendientes con la Justicia belga, que atendió hoy la solicitud de las autoridades españolas de retirar la petición de extradición que pesaba sobre ellos.
La Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de primera instancia encargado de examinar en Bélgica las eurooórdenes cursadas por la Justicia española contra los cinco políticos secesionistas, desestimó hoy el caso, como estaba previsto, después de que España anulase esas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).
Ni Puigdemont ni los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se presentaron hoy ante el tribunal, donde estuvieron representados por sus abogados.
Los cinco políticos fugados en Bélgica son investigados por la Justicia española por los presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación.
La vista comenzó pasadas las 11.30 de la mañana (10.30 GMT) y duró solo unos minutos, los que tardó la Fiscalía en entregar al magistrado "las piezas" relativas a la petición de retirada de las euroórdenes.
El magistrado declaró que "el proceso no es aplicable" contra los cinco políticos secesionistas, "lo que cierra el proceso", indicaron a Efe fuentes del Ministerio Público.
Por su parte, el entorno de los políticos independentistas en Bruselas difundió un comunicado en el que destacó que la Justicia belga "ha decidido poner punto final" al proceso contra los implicados, cuyos letrados no presentaron recurso a la decisión.
Los cinco políticos independentistas sí se enfrentan sin embargo a la orden nacional de detención, de modo que si entrasen en territorio español serían detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.
La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ocupó inicialmente del caso relacionado con los presuntos delitos relacionados con el desafío independentista atribuidos a Puigdemont y a sus 13 exconsejeros autonómicos cesados, y les citó a declarar el pasado 2 de noviembre.
Días antes, en la noche del 29 al 30 de octubre, Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Serret habían abandonado el territorio español y viajado a Bélgica, donde el partido nacionalista flamenco NV-A, mayoritario en la coalición del Gobierno belga, había mostrado simpatías hacia la causa independentista, al contrario que el resto de Ejecutivos de la UE.
Dado que los investigados no asistieron a la vista ante la juez, ese mismo día trasladó las euroórdenes a Bélgica.
Pero el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional de mayor rango en España y encargado de todas las causas relacionadas con el proceso separatista catalán, asumió el caso de Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Serret el pasado 24 de noviembre.
El magistrado del Supremo encargado del caso, Pablo Llarena, solicitó a Bélgica el pasado 5 de diciembre que retirase las euroórdenes cursadas previamente por la Audiencia Nacional, para evitar que, en caso de ser extraditados, sólo pudieran ser juzgados por los delitos que reconozca la legislación belga.
La Fiscalía belga tomó nota de la solicitud del magistrado español, anuló las medidas de libertad vigilada que había decretado contra los cinco políticos e indicó que trasladaría el dossier al tribunal para que cerrara definitivamente el caso en Bélgica.
Desde que se inició el proceso sobre las euroórdenes en Bélgica y hasta que la Fiscalía recibió la notificación de anulación por parte de las autoridades españolas, Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Serret tenían prohibido abandonar el territorio belga sin el permiso de un juez.
También tenían obligación de declarar su domicilio en Bélgica y de acudir personalmente a las convocatorias de la Policía o de las instancias judiciales.
