Denuncian al Gobierno y a tres comunidades autónomas por las órdenes dadas en residencias

  • La patronal de las residencias denuncia que "35.000 ancianos siguen esperando una plaza en residencias desde antes de la pandemia" 

La Asociación El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno, que tuvo el "mando único", y las comunidades de Madrid, Cataluña y Castilla y León por las órdenes dadas para que los ancianos no tuvieran atención hospitalaria por motivo de la COVID - 19.

Sanidad sospecha de 18.833 muertes por Covid 19 en residencias de mayores
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Sanidad sospecha de 18.833 muertes por Covid 19 en residencias de mayores

Sanidad sospecha de 18.833 muertes por Covid 19 en residencias de mayores

La denuncia alega el presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia y presunto delito de omisión del deber de socorro.

Y se dirigen contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ; el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

También contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur de Víu.

"La dependencia es el patito feo de la política en nuestros país"

En 120 Minutos consultamos la opinión de la patronal de las residencias. El secretario general de la Fundación Lares, Juan José García Ferrer denuncia que el sistema de dependencia está bloqueado en nuestro país. Sigue siendo, argumenta, "el patito feo" de las políticas en nuestro país.

"Castigamos a los ancianos con nuestra irresponsabilidad"

Denuncia Ferrer las lagunas en torno a las políticas de protección a la población anciana y advierte de que la irresponsabilidad de los ciudadanos provoca un posterior "castigo" para los ancianos. Pide por tanto cambiar la dinámica de "mal trato" a los mayores y un gran pacto de Estado para asegurar la sostenibilidad del sistema de dependencia.

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