Bruselas estudia el polémico plan de España contra las 'fake news'

  • Asociaciones de periodistas y oposición defienden la libertad de prensa y opinión y critican el plan del Gobierno para crear un órgano dependiente de la vicepresidenta Calvo que controle la desinformación

Bruselas estudia el plan del Ejecutivo para luchar contra las 'fake news'. Lo hace tras las críticas de medios y partidos de la oposición que lo califican de intento de amordazar a los medios. El Gobierno lo defiende y asegura que cumple con Europa y que su fin es evitar injerencias.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en el acceso a la información veraz.

La orden permitirá al Gobierno monitorizar la información para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que busque influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

En este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

La Comisión Europea está estudiando el plan del Gobierno de España, tras conocer las críticas de los principales partidos españoles de la oposición.

Un portavoz de la Comisión ha señalado esta mañana en rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario está "al tanto" de la medida del Gobierno español y analiza la situación puesto que se ha aprobado en el margen del estado de alarma. "La Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia", ha indicado.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, explicó este viernes en TVE que la orden ministerial para combatir la “desinformación” perseguirá noticias como “sugerir beber lejía” o las “injerencias de terceros países”.

Arancha González Laya / REDACCIÓN
Arancha González Laya |REDACCIÓN

La desinformación no se limita a países terceros. Lo hemos visto también en la pandemia en EEUU cuando a los ciudadanos estadounidenses se ha sugerido que beber lejía ayuda a combatir el Covid. Eso no es injerencia de países terceros, pero es claramente una desinformación. Eso es también lo que trata esta orden y lo que pedía la Unión Europea”, sentenció.

En este sentido, señaló de que “de lo que se trata es de preservar información veraz” y que cuando en Europa desde instituciones públicas se insta a un pacto con las plataformas digitales a cerrar un compromiso por una información veraz, las instituciones públicas “también” tienen la “obligación de garantizar” ese debate.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha alertado de que el plan del Gobierno contra las 'fake news', mediante el que monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios, "puede convertirse en censura".

Juan Caño / REDACCIÓN
Juan Caño |REDACCIÓN

En este sentido, la APM pone "serios reparos" a las herramientas anunciadas para esa lucha porque "deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos". A su juicio, "el riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad".

"Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos", ha manifestado, para después añadir que la libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es "una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático".

Por su parte, la Asociación de Medios de Información (AMI) ha trasladado su "profunda preocupación" por el procedimiento contra la desinformación aprobado por el Gobierno y ha denunciado que va contra la libertad de expresión e información amparada por la Constitución.

En un comunicado, la AMI, que agrupa a los principales editores de noticias de España, ha subrayado que esta orden podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución.

"Establecer niveles de activación que podrían llegar a la toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial", ha advertido.

Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "arrogarse la potestad de decidir" qué es 'fake news' y le ha emplazado a retirar su orden ministerial. Además, ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para que ofrezcan explicaciones sobre este plan.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa, mientras que Vox ha bautizado el plan como "Ministerio de la Verdad" y cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que nos estamos "introduciendo en un camino muy peligroso hacia el totalitarismo" en España por los "ataques" del Gobierno "a la libertad de prensa y a las familias a la hora de elegir el sistema educativo" para sus hijos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que "es necesario un centro que combata a las 'fake news' en redes sociales, pero no puede depender ni del Gobierno ni de Iván Redondo, es intolerable". "Es quien coordina y dirige los bulos y por tanto quien mejor conoce lo que es la desinformación".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también ha considerado que se trata de un "atropello más" del Gobierno con ese "ánimo, que parece no tener fin", de "controlar toda la información". "A mí me parece desde luego que es un error, me parece que la libertad de información debería estar por encima porque así lo dice la Constitución Española. Me parece además que gran parte de los bulos, hay que decirlo, lamentablemente no parten de fuentes extranjeras ni hay que ser demasiado conspiranoicos. Gran parte de los bulos salen del propio Gobierno, esto también hay que decirlo", ha aseverado la edil de Ciudadanos.

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