La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 40 años menos dos días de cárcel a una madre por obligar a sus tres hijos menores de edad a mantener relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero en una localidad de la provincia, mientras que al varón, de 79 años de edad, lo ha condenado a 36 años de prisión, fijando el tribunal en ambos casos el límite máximo de cumplimiento en 20 años de cárcel y declarando extinguida por ley las que exceden de dicho límite.
Prostitución de menores
En la sentencia, la Audiencia condena a la acusada, como cooperadora necesaria de dos delitos continuados de agresión sexual con introducción de miembros corporales en concurso ideal con dos delitos continuados de prostitución de menores, a la pena por cada uno de ellos de 15 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse o de comunicar con dos de los menores durante otros 15 años, tal como informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.
Asimismo, la Sala condena a la investigada a nueve años de cárcel y la prohibición de aproximarse o comunicar con el tercero de sus hijos durante nueve años como cooperadora necesaria de un delito continuado de agresión sexual sin introducción de miembros corporales en concurso ideal con un delito continuado de prostitución de menores.
Maltrato habitual
De igual modo, condena a la acusada, como autora de dos delitos continuados de maltrato habitual, a la pena por cada uno de ellos de seis meses menos un día de cárcel y la prohibición de aproximarse o comunicar con dos de los menores durante tres años, imponiéndole además la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de uno de sus hijos durante un año menos un día. La Sala absuelve a la acusada de los dos delitos de abandono de familia por los que fue acusada al entenderlos absorbidos en los delitos de maltrato habitual mencionados.
En el caso de la acusada, la Sala aprecia la agravante de parentesco respecto de los delitos de prostitución de menores y las atenuantes de grave adicción, tanto al alcohol como a las drogas, y alteración psíquica respecto de los dos delitos de maltrato habitual.
