Denuncian que el 90% de los nuevos concertados de Madrid cobra cuotas obligatorias a las familias

  • La FAPA Giner de los Ríos y CICAE aseguran que los cobros en estos centros financiados con dinero público van contra la ley

La FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid un informe donde denuncian "que la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias, siendo obligatorias en un 90% de los casos, en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación", que establece que ha de garantizarse la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

El informe se realizó entre marzo y abril con entrevistas en colegios concertados, de titularidad privada pero financiados con recursos públicos, "simulando ser familias que tienen interés en matricular a sus hijos en el próximo curso escolar".

En total, para elaborar el informe se realizaron visitas a 50 colegios concertados de la Comunidad de Madrid con alguno de estos dos requisitos: tener titularidad mercantil o pertenecer a la denominada "nueva concertada", siendo centros posteriores al año 2000 con cesión de suelo público. "Tan solo en cinco colegios nos indican de manera clara que se trata de una cuota voluntaria", se lee en el informe.

La FAPA Giner de los Ríos y CICAE denuncian que "la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias" con un importe medio mensual de 153 euros. "Las familias desembolsan anualmente más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor", aseguran.

Estos cobros se denominan de dos formas, se precisa en el informe. Como "actividades complementarias", con "cierta indefinición en su contenido" que se justifican "mediante el argumento de las horas de más que hacen con respecto a colegios públicos", o como "aportación voluntaria" con el argumento de "insuficiente financiación por parte de la administración".

La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional "no coinciden" con los del estudio.

"Desde 2015, los inspectores de la Comunidad han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador", han hecho público desde la Consejería.

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