Sabanés dice que la cesión de Bicimad fue legal y garantizó la continuidad

  • La concejal considera que la comisión "ya no da más de sí" y que el juzgado debará tomar sus decisiones

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha insistido hoy en que cedió el contrato de Bicimad a la EMT porque era la única forma de garantizar la continuidad del servicio, y ha defendido que se hizo de una forma "legal", "legítima" y "equilibrada".

En la octava sesión de la comisión que analiza si se produjeron irregularidades en la cesión por 10,5 millones de euros de Bicimad a la EMT por parte de la anterior concesionaria, Bonopark, la concejal del Gobierno de Manuela Carmena ha aludido a un nuevo informe jurídico que, según ha dicho, confirma la legalidad de la operación. Un documento que se realizó en julio de este año a petición del juzgado que instruye la querella presentada por el PP contra Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por la compra de Bicimad, y cuya existencia desconocían los grupos municipales.

La delegada se ha escudado en el cumplimiento de la legalidad y en la necesidad de resolver el "caos" y el "desastre" en el servicio público de alquiler de bicicletas para defender su actuación frente al criterio de la oposición, que sospecha que primero tomó la decisión de adquirir Bicimad y después encargó informes ad hoc. "Ha sido una decisión amparada por la legalidad. Era la única solución que permitía no solo mantener el servicio sino tener expectativas de ampliación", ha afirmado en numerosas ocasiones la delegada de Medio Ambiente en la comisión, argumento con el que ha evitado responder a varias preguntas de la oposición.

Sabanés ha explicado que para resolver el problema de Bonopark -que alegaba pérdidas de 300.000 euros mensuales y amenazaba con suspender el servicio de alquiler de bicicletas- se pusieron sobre la mesa tres opciones: rescindir el contrato, rescatar a la empresa y por último realizar la cesión del servicio a la EMT. Una salida novedosa, no explorada antes en el Ayuntamiento, de la que se informó a los periodistas antes que al consejo de administración de la entidad.

"Se toma una decisión política ante el miedo del quiebro de la empresa y del colapso del servicio. ¿Que había otras opciones? Sí. ¿Que el miedo a que nos quedáramos sin bicicletas en Madrid les llevó a tomar esa decisión? También", ha resumido a los periodistas la portavoz del grupo socialista en la comisión, Mercedes González.

La concejal considera que la comisión municipal "ya no da más de sí" y que ahora los grupos tendrán que elaborar sus conclusiones y el juzgado tomar también sus decisiones.

El grupo municipal del PP presentó una querella contra Sabanés y Fernández Heredia por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la compra de Bicimad tramitada por el juzgado de instrucción número 52 de Madrid.

Rita Maestre, portavoz municipal, se ha mostrado hoy "segura" de que el juzgado avalará la gestión en Bicimad frente a las posiciones del PP, cuyo concejal Álvaro González ha insistido hoy en que hay una "trama" en Bicimad que el Gobierno trata de maquillar ocultando información.

Desde Ciudadanos, el edil Sergio Brabezo ha considerado que todo el proceso de cesión de Bicimad a la EMT se hizo "a espaldas" de la asesoría jurídica. "El equipo de Manuela Carmena no nos ha dado toda la información necesaria para confirmar si el proceso se ha hecho bien", se ha quejado el edil, que quiere "más información".

En la comisión de hoy ha comparecido también el gerente de la EMT, que se ha mostrado "orgulloso" de la actuación de la empresa pública para garantizar la continuidad del servicio de bicicletas, y la coordinadora general del área, Paz Valiente, que ha afirmado que el Consistorio trabaja en la ampliación de la red de bicicletas públicas Bicimad y también en la remunicipalización.

Además, la interventora general del Ayuntamiento, María José Monzón, ha asegurado que se hizo una doble auditoría sobre las cuentas de la EMT de 2016, una primera encargada por la intervención a un auditor externo y otra realizada por ella en la que indicó que todo estaba correcto, incluido BiciMad. También ha dicho que la fiscalización de la cesión del contrato se realizó a posteriori, como se hace en las cesiones.

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