El Gobierno baraja considerar cualquier "comportamiento sexual" hacia una mujer sin su consentimiento un delito de agresión sexual castigado con prisión, tal y como proponen los expertos encargados de la reforma del Código Penal en relación con los delitos sexuales.
La Comisión justifica su reforma "haciendo un deslinde perfecto entre los tipos delictivos afirmando que existen dos: la agresión sexual y la violación". Según Celaá, "la agresión sexual sería el comportamiento contra la mujer sin su consentimiento y la violación cuando además hay penetración", por tanto, se eliminaría "el tipo de abuso sexual".
Fuentes de la comisión explicaron a Efe hace unos días que el informe de los expertos contempla la revisión de las penas de los delitos sexuales, pero la máxima por violación se mantendría en 15 años.
Las mismas fuentes precisaron que el debate se zanjó con la precisión de las circunstancias en las que se deberá aplicar esa condena máxima; es decir, siempre que concurran al menos dos consideradas muy graves, como por ejemplo el uso de armas que pongan en riesgo la integridad de la víctima o un trato degradante o vejatorio.
El acuerdo de los penalistas incluye cambios en la tipificación de las circunstancias en las que se producen las agresiones sexuales y, con ello, su incidencia en la pena. Y se introducen matices necesarios para adecuar el Código Penal a la realidad actual: por ejemplo, se distingue si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implica una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión.
Calvo asegura será el Gobierno quien decida la reforma del Código Penal
Según Celáa, el Gobierno "ha cumplido con su compromiso trayendo a este Consejo de Ministros el estudio necesario para poder avanzar en este terreno". No obstante, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido dejar claro esta semana que el informe de los expertos es un documento "de asesoramiento" y que "independientemente de sus conclusiones" será el Gobierno el que decida la reforma del Código Penal para garantizar que el consentimiento para una relación sexual sea "rotundo y claro".
La Comisión General de Codificación, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, está compuesta por quince mujeres y trece hombres, aunque inicialmente se formó con 20 hombres y excepcionalmente con cuatro mujeres, lo que provocó su suspensión hasta dotarla de una composición equilibrada.
