Sanidad y las comunidades acuerdan un plan para atajar los aumentos de transmisión
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Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este jueves un documento que servirá de guía para prevenir y atajar posibles incrementos de la transmisión de la covid-19. En una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio y los gobiernos autonómicos han acordado el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19", que ha incorporado aportaciones de las comunidades y de otros ministerios, como medidas en el ámbito de los centros penitenciarios y en inmigración, explica Sanidad.
El documento, diseñado por Sanidad y trasladado al Consejo Interterritorial, agrupa muchas de las medidas que ya están en marcha y establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.
Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de actuación en caso de brotes, y de suponer una privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
No obstante, prevé otros dos mecanismos si el coronavirus traspasa las fronteras de una comunidad: en el primero, Sanidad podrá echar mano de las actuaciones coordinadas en salud pública, previo conocimiento del pleno del Consejo Interterritorial, y que serían de obligado cumplimiento para todas. El otro es el estado de alarma.
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El plan aprobado este jueves incorpora mejoras y concreciones técnicas, a propuesta de las comunidades autónomas, de diferentes ministerios y de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, dependiente de la Comisión de Salud Pública. Así, establece medidas específicas para colectivos de especial vulnerabilidad ante el Covid, como los migrantes que acceden de forma irregular a nuestro país. En ese ámbito, se adoptarán medidas específicas para el diagnóstico precoz de estas personas.
También respuestas por escenarios específicos, como el de los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios deberán colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos para poder planificar e intervenir de forma adecuada. La detección de un caso en un centro penitenciario deberá notificarse a las autoridades sanitarias de forma inmediata para adoptar las medidas oportunas, como el aislamiento del caso y sus contactos, así como la indicación de cuarentena del módulo residencial. Se realizará una búsqueda activa de casos y se valorará la posibilidad de hacer estudios de cribado en el resto de residentes y profesionales si la situación lo requiere.
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Entre las propuestas trasladadas a la reunión por las Comunidades ha estado la formulada por el Gobierno de Castilla y León de crear "un instrumento legal" común para todas las comunidades que "permita un confinamiento ágil" por ciudades o barrios y una toma de decisiones "muy rápida" si los casos se disparan.
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La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Sanidad que el “Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19” que ha dado a conocer a las autonomías sea "más ambicioso".
La Consejería madrileña ha mostrado su gran preocupación por la entrada de viajeros al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, puesto que cree que hay que tener un plan específico que se pueda extender a otros aeropuertos, con pruebas asociadas a los viajeros que vienen a España. De acuerdo con estas fuentes, el ministro ha accedido a tener una reunión bilateral con Madrid para tratar este asunto.
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La Comunidad de Madrid también ha expuesto que las autonomías no tienen capacidad legal para confinar a grupos de población, por lo que ha pedido al Ejecutivo que tome una decisión al respecto, a la vez que ha recordado que el exministro de Fomento Pepe Blanco ya aplicó el estado de alarma, de manera selectiva, con la huelga de controladores en el año 2010. Madrid considera que es el Gobierno de España quien tiene que tomar la decisión de decretar el estado de alarma para confinar un determinado territorio o municipio y facilitar después que la autoridad competente para aplicarlo sea el presidente de cada comunidad autónoma.
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Por último, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad conocer su posición sobre el uso obligatorio de las mascarillas en todos los casos, ya que, en estos momentos hay 12 comunidades autónomas que han impuesto el uso obligatorio, y la Consejería considera que sería necesaria una decisión de todo el Sistema Nacional de Salud por la propia movilidad que hay en España, a pesar del uso generalizado de las mascarillas que hay en la Comunidad de Madrid.
La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.
