La fachada del Palau de la Generalitat sigue luciendo la pancarta a favor de los presos políticos, con el lazo amarillo, una vez transcurrido el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al presidente catalán, Quim Torra, para que la retirara.
A las 18:00 de este miércoles, hora en que expiraba el plazo establecido por el TSJC, la pancarta sigue sin ser retirada, tal y como anunció el propio Torra cuando el lunes pasado recibió la notificación del alto tribunal catalán.
Paralelamente, el presidente de la Generalitat ha presentado este miércoles un recurso ante el TSJC en el que invoca su derecho a la libertad de expresión para seguir manteniendo la pancarta en el Palau y pide que se suspenda el ultimátum de 48 horas que la sala contenciosa del alto tribunal le dio para retirarla.
La orden de retirar la pancarta responde a una medida cautelar acordada por el TSJC, mientras resuelve sobre el fondo de un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano, vinculada a un exdirigente de Ciudadanos.
Sánchez exige a Torra que se desvincule de los violentos
Por otra parte, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió este miércoles al titular de la Generalitat, Quim Torra, que condene todos los actos violentos de grupos separatistas si quiere que no haya ninguna duda y "ningún tipo de vínculo" del independentismo con la violencia.
En la misma jornada en la que Torra dijo en el Parlament que no permitirá "que se quiera asociar un movimiento radicalmente democrático con el terrorismo", en alusión a las detenciones de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), Sánchez envió ese mensaje al presidente catalán.
"Torra lo tiene bien sencillo, si no quiere que se le relacione con cualquier tipo de acción violenta tiene que criticar y condenar cualquier tipo de uso de la violencia", señaló en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
Advirtió además, ante las palabras del presidente catalán, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan por orden del poder judicial y no del Gobierno de España. "Somos un Estado de derecho", recalcó.
Nueve personas vinculadas a los CDR fueron detenidas el pasado lunes y según la Fiscalía estaban ultimando acciones terroristas, porque tenían en su poder material para fabricar explosivos caseros e información sobre edificios públicos.
