Cinco jueces del Supremo inician la semana con un tema clave sobre la mesa: la petición de la familia de Franco de que impida cautelarmente los planes del Gobierno de exhumar el 10 de junio sus restos enterrados en el Valle de los Caídos para reinhumarlos después en el cementerio de El Pardo.
A una semana de que se cumpla esa fecha, la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo debe decidir si paraliza cautelarmente la exhumación, como también solicitaron la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos.
Fuentes del Supremo apuntan a que será previsiblemente el martes cuando los magistrados estudiarán las peticiones en una reunión en la que no se meterán a analizar el fondo del asunto, sino que simplemente decidirán si procede admitir las cautelares.
A la espera de conocer la postura del alto tribunal, el Ejecutivo "sigue absolutamente con su plan" de exhumación, aunque considera que el Supremo acuerde paralizar la exhumación, algo que "obviamente" respetará, según indicó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Hace meses, el alto tribunal ya dejó claro en una resolución que será él quien tenga la última palabra en el asunto al advertir que no se podrían trasladar los restos del dictador hasta que la sala se pronunciase sobre el recurso contra el acuerdo final del Gobierno.
El Ejecutivo puso fecha para la reinhumación el 10 de junio al entender que el silencio de los familiares a la hora de designar un lugar alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena para el nuevo enterramiento le facultaba para fijar unilateralmente dónde irían los restos.
Pero, a juicio de la familia, "es absoluta y rotundamente falso" que hayan rechazado designar ese lugar alternativo, dado que pidieron la suspensión cautelar de la medida antes de que se cumpliera el plazo concedido por el Gobierno.
Para los recurrentes, no tiene sentido que no se espere a conocer la sentencia porque si el Supremo estimase sus recursos "obligaría a volver a enterrar en el Valle de los Caídos, lo que, con prisa electoralista y no justificada, se ha sacado", según dijo la Fundación en su recurso.
Por ello, la familia indicó que solo señalaría un lugar alternativo para reubicar los restos si el tribunal desestimase su recurso.
El recurso de los familiares encabezados por la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, incide en las "vulneraciones de la legalidad ordinaria" que ha cometido el Gobierno y hace hincapié en que ellos no son titulares de la cripta del cementerio de El Pardo-Mingorrubio a la que el Ejecutivo quiere llevar a Franco, sino que es propiedad de Patrimonio Nacional.
