Detienen al secretario general de Manos Limpias por extorsión

La Policía Nacional ha detenido al secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, dentro de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional por supuestas prácticas de extorsión a bancos, empresas e instituciones. En la operación también ha sido detenido el director de comunicación de este sindicato, Francisco Castro Villacañas, según han informado fuentes de la investigación.

Las detenciones han sido practicadas en los domicilios de ambos por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada, en el marco de la investigación de la supuestas prácticas que habría cometido esta organización y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). Las fuentes han indicado que está previsto que se produzcan más arrestos y que se está realizando un registro en la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz de Madrid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga a Manos Limpias y a Ausbanc por un posible delito de extorsión a bancos y empresas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige las pesquisas, abiertas tras la presentación de varias presuntas víctimas de la trama.

La Policía sospecha que ambos colectivos se coordinaban para exigir dinero a empresas, bancos e instituciones con la amenaza de presentar querellas si no accedían a sus demandas. La investigación afecta el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, quienes podrían haber desviado el dinero obtenido a empresas filiales.

Manos Limpias afronta otra querella presentada por la Fiscalía en un juzgado de Madrid contra su secretario general y una abogada del sindicato, Virginia López, por supuesto delito de apropiación indebida de 108.000 euros por la contratación de unos servicios profesionales a una plataforma de afectados de la estafa en la inversión de sellos de Fórum-Afinsa.

Precisamente, Ausbanc fue expulsada de ese procedimiento por la Audiencia Nacional al considerar que incurría en "fraude procesal", pues se personó como acusación popular pero defendió públicamente la legalidad de las dos empresas tras recibir, directa o indirectamente, 1,2 millones de euros de esas compañías intervenidas.