La Asociación El Defensor de El Paciente ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, por la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, sustenta su petición en las afirmaciones de Ayuso en una entrevista publicada este fin de semana en el diario 'El Mundo' en las que, a juicio de la denunciante, se rechazó en Madrid la derivación a hospitales de ancianos enfermos, fundamentalmente en hospitales
En esa entrevista se le preguntó a la presidenta regional sobre unas declaraciones de la patronal de residencias en las que se denunciaba que durante el pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de residendes.
"Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado", manifestó Ayuso entonces.
Al respecto, Flores tacha de "inhumana" las manifestaciones de Ayuso ante estas muertes de residentes, quienes en su opinión "murieron abandonados y desamparados". Además, apunta a que la Comunidad de Madrid habría vulnerado el artículo 14 de la Constitución al "dejar sin asistencia médica a los ancianos.
Asimismo, sostiene que la presidenta regional infringió con ello "toda la normativa en materia de Sanidad y Derechos Humanos". "¿A toro pasado?. No les ha ofrecido una mínima oportunidad de supervivencia y han fallecido aproximadamente 17.000 por decisiones como esta", ha denunciado.
Por ello, El Defensor del Paciente ha destacado que quiere que se investigue cuántos han podido fallecer sin recibir la asistencia adecuada debido a esta decisión al considerar que "la petición de investigación e intervención está más que justificada; más todavía si considera que el presidente de la patronal de las residencias ha manifestado, también públicamente, que no llegaban los medicamentos, a excepción de la morfina".
La asociación basa su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que " obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".
Un total de 7.547 usuarios de residencias madrileñas han muerto por todas las causas desde el 8 de marzo hasta el pasado viernes, de los que 5.846 han fallecido por coronavirus, el 77,5 por ciento del total, según los datos recopilados por la Consejería de Políticas Sociales.
En la anterior entrega de datos reportaron que habían muerto 5.876 residencias por Covid-19, 30 más que el pasado sábado. Este desfase de datos, que aporta cada centro, se produce por algunos ajustes, ya que se ha comprobado que algunos casos se habían contabilizado dos veces, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero. Con el registro actualizado hoy, 1.146 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.700 con síntomas.
