Ayuso impulsará una comisión de investigación sobre la entrada de casos Covid en Barajas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedirá al grupo parlamentario del PP que impulse tras la toma de posesión una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el tránsito en el aeropuerto de Barajas y su relación con la incidencia del coronavirus en la región, dada la "opacidad" del Gobierno en la información sobre los controles que se realizan a los viajeros.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha registrado 731 casos sintomáticos que han llegado a la región a través del aeropuerto y 2.900 asintomáticos.

Ayuso ha destacado la importancia de reforzar los controles en el aeropuerto de Barajas de cara al verano, ya que el aeródromo madrileño es "uno de los que tiene más tránsito del mundo", y "se deje de criminalizar a la sociedad madrileña y hablar de cañas, toros y borrachera".

En esta línea, ha pedido que el Gobierno informe acerca de los pasajeros afectados que entran por el aeropuerto y "dónde van esos casos", algo que, ha recordado, viene reclamando su Ejecutivo desde mayo de 2020 en los Consejos Interterritoriales de Salud.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones ha sostenido que cree que el Gobierno de España lo que pretende es que se encuentren "con los tortazos en los juzgados" respecto a las medidas para frenar el coronavirus y le ha instado a que "legisle de una vez".

La dirigente madrileña ha insistido en que ellos quieren "hacer las cosas bien" y no que al final se les niegue en los juzgados algo que, además, les parece "inapropiado". "Creemos que lo mejor es que volvamos a empezar por el origen: quién tiene las competencias, quién tiene la responsabilidad, que en una pandemia evidentemente es un gobierno como es el de España", ha señalado. Así, ha incidido en que si legisle "en quince días por lectura única" se tendría una modificación de una ley orgánica que podría dotar a las autonomías de "seguridad jurídica".

A su parecer, es una "irresponsabilidad" apuntar a las administraciones inferiores cuando es una cuestión que compete "al ámbito nacional". En este sentido, ha recordado que durante la segunda y tercera ola ya pusieron en marcha sus propias medidas, que han sido "efectivas", pero ha incidido en que hace falta la ayuda de la Delegación del Gobierno para que se cumplan.

"Nosotros no tenemos responsabilidad ni tenemos herramientas para impedir que la gente salga a la calle, que haya botellones o que se celebren fiestas ilegales. No tenemos competencias en materia de seguridad. Es el Gobierno de España por eso rogaría que dejase de utilizar todas las instituciones para arremeter contra las demás", ha zanjado.