El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado este martes de que se aprecian "daños estructurales" en la economía y ha pedido no efectuar una retirada "prematura" de los estímulos fiscales, sino extender temporalmente y recalibrar algunas medidas ya adoptadas, como los ERTE por sectores o asegurar la liquidez a las empresas mediante mecanismos de garantía pública una vez se agoten los avales del ICO, así como transponer la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia para fijar procedimientos "ágiles".
Asimismo, apuesta por implantar una estrategia a medio plazo de consolidación fiscal una vez se recupere el crecimiento sostenido, así como una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" que pase por introducir figuras como contratos de despidos crecientes, la mochila austriaca o una revisión del sistema educativo.
Estas han sido algunas de las directrices citadas por Hernández de Cos durante su comparecencia ante la Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso, en la que ha explicado que tras la etapa de hibernación, se inicia una segunda fase en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual conforme a la desescalada, si bien la disrupción es "la mayor en tiempos de bonanza".
Una caída de entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre
Hernández de Cos ha mantenido las previsiones de una caída de la economía de entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre, con una previsión de un retroceso económico de entre el 9% y el 15,1% este año, avisando además de que la crisis afecta a "elementos estructurales".
Según el Banco de España, el nivel del PIB se situará en el año 2022 todavía entre cuatro y seis puntos porcentuales por debajo del nivel que presentaba en diciembre de 2019, al tiempo que la tasa de paro permanecerá por encima del 17% y la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará entre el 115% y el 120%.
Por ello, ha pedido "unidad" entre los políticos y ha subrayado que el apoyo a la recuperación no aconseja efectuar una retirada "prematura" de los estímulos fiscales y las medidas de apoyo en general, ni monetarias, ya que aumentaría el riesgo de daños "más duraderos" en la economía.
En el corto plazo, cree que hay que extender "temporalmente" y "recalibrar" algunas medidas ya adoptadas, como mantener las relativas al apoyo a las rentas de hogares y colectivos vulnerables, pero "focalizando" con un diseño que no distorsione las decisiones de participación laboral y evitando el retraso de forma ineficiente de los ajustes estructurales que deban producirse en algunos sectores o empresas.
En concreto, considera que "tiene sentido mantener los ERTE y asegurar los mecanismos de flexibilidad para las empresas", a algunos sectores o empresas que seguirán "muy afectados" en los próximos meses y asegurar mecanismos de flexibilidad a las empresas.
De igual forma, ha abogado por mantener las líneas de apoyo público a la liquidez, ya que los datos de abril muestran un repunte del 90% del flujo de nuevo crédito de entidades bancarias a empresas y los datos preliminares de mayo apuntan en la misma dirección, sin embargo dependiendo de la evolución económica, las empresas más afectadas "podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación" en los próximos meses.
Reclama reformas ambiciosas
También ha pedido que haya "nuevas medidas" que pasan por las políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores suspendidos temporalmente para mantener su empleabilidad, al tiempo ha pedido la revisión de los procesos de reestructuración e insolvencia empresarial para que las empresas con dificultades financieras, cuando aún son viables.
En paralelo, ha reclamado una estrategia "ambiciosa, temprana, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal", citando varias medias en distintos ámbito como el laboral y explorando figuras como la de contratos con costes de despido crecientes, conocido como "contrato único", que puede constituir "un buen punto de partida en la discusión sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio".
También aboga por estudiar modelos mixtos que combinen la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo (como la "mochila austriaca") mientras el trabajador mantiene el empleo, con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente según la experiencia acumulada.
En cuanto a las pensiones, propone fijar un nivel de prestaciones mínimo que provea el sistema público e incorporando mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema, fijando unos "parámetros básicos de equidad intergeneracional".
Revisión "integral" del sistema impositivo
El gobernador del Banco de España ha incidido en la necesidad del diseño de una estrategia de consolidación fiscal y su implementación a medio plazo cuando se recupere el crecimiento sostenido, con una revisión "exhaustiva" de los objetivos presupuestarios y los plazos y una revisión "integral" del sistema impositivo para mejorar la capacidad recaudatoria", ante la previsión de una deuda pública que podría alcanzar el 120% del PIB.
Para el organismo, hay que diseñar y comunicar ya la implementación, en el medio plazo, de un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento públicos, con una reducción anual del déficit del 0,5%.
Esto precisaría de una revisión "integral" del sistema impositivo, sobre lo que Hernández de Cos se ha referido señalando que los tipos de los principales impuestos (IVA; IRPF, Sociedades o Impuestos Especiales) no distan de las medias europeas, si bien cree que la diferencia recaudatoria se debe a las deducciones y bonificaciones. Por ejemplo, se ha preguntado si las bonificaciones por inversión en I+D+i en Sociedades cumplen su cometido o esas inversiones se realizarían igualmente sin las bonificaciones.
Por último, Hernández de Cos también ha urgido acometer la reforma del sistema de financiación autonómica para adecuar los ingresos a las estimaciones objetivas de necesidades de gasto, garantizar un reparto "transparente" e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal, para lo que ha pedido "consenso".
