Defensor de El Paciente pide que se investiguen los certificados de defunción de dos ancianas

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Madrid que investigue los casos de dos mujeres presuntamente fallecidas por el coronavirus, una en una residencia de Torrelodones y la otra en Amavir Arganzuela.

La asociación denuncia "omisión del deber de socorro", "falsedad" en el certificado de defunción o que no haya certificado, pérdida del cadáver "durante 18 días" y no poder identificar el cuerpo antes de la incineración.

El escrito del caso de la residencia de Torrelodones dirigido a la Fiscalía por esta asociación, recoge el testimonio de la hija de la víctima, Carmen Piñero, quien lamenta que su madre, fallecida el 14 de abril con 94 años de edad, murió "en el más absoluto abandono".

"Me han prohibido llevar a mi madre a un hospital y la residencia me dijo que ellos tampoco podían derivarla porque tenían orden del hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, de que mi madre no entraba en el protocolo para ser atendida", asegura Carmen.

Al escrito se adjunta el certificado de defunción de la anciana, Carmen Moya, sellado por el Registro Civil de Torrelodones, y donde en el apartado correspondiente a la causa de la muerte sólo aparece una raya.

Sobre la petición de investigación al ministerio público del caso de la residencia de Arganzuela, la asociación recoge el relato de la hija de la fallecida, Ángela Pérez Bueno.

"No solo tardaron cinco días en comunicarme en qué tanatorio estaba mi madre sino que se negaban a darme certificado de defunción contradiciendo lo que la directora Laura me dijo, que mi madre murió por una parada cardiorrespiratoria". "A día de hoy lucho con ellos para recibir certificado médico que no me quieren enviar", añade.

La asociación El Defensor del Paciente, que ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, asegura conocer más casos de personas fallecidas en centros sociosanitarios durante la pandemia y en cuyos certificados de defunción no aparece la causa de la muerte.

El miércoles pasado, la Fiscalía General del Estado informó de un total de 82 diligencias de investigación penal abiertas a centros de la región madrileña.

Desde el 8 de marzo hasta el pasado viernes, 5.986 personas murieron por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid, un cómputo en el que se incluye a los casos probados con pruebas PCR y a quienes presentaban sintomatología compatible con la covid-19.