La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
El recurso de la Fiscalía llega justo dos días antes de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer ante la juez Rodríguez-Medel para declarar en calidad de investigado en esta causa, en la que se trata de esclarecer si omitió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que seis días antes del 8-M emitió un informe en el que instaba a cancelar todas las concentraciones, así como las recomendaciones sanitarias para prevenir el riesgo de contagio.
Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa y, "consciente" de ello, explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Dicha suspensión se levantó el pasado 4 de junio.
Se muestra de acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, y considera que este auto es "nulo", ya que genera indefensión.
Así, el Ministerio Público asevera que Franco no ha cometido ningún delito de prevaricación, ya que, según dice, el mero hecho de recibir una comunicación acerca de la celebración de una manifestación "en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 del Código Penal".
En este sentido, el recurso, además de reprochar a la juez de Madrid que no haya identificado "con claridad" el hecho "cuya ilegalidad haya que valorar", hace hincapié en que es "sumamente relevante precisar que los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria". Por ello, no ve "razonable" exigirle la prohibición de manifestaciones por razones sanitarias "cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo".
Por último, la Fiscalía precisa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el covid-19 como emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020 y que no es hasta el 11 de marzo cuando se declara como pandemia.
La Fiscalía también ha presentado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un informe sobre el recurso de la Abogacía del Estado contra el auto por el que se inició la investigación contra Franco, y en el que acusó a la juez de convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma. Los fiscales se muestran a favor de que se estime el recurso y entienden, al igual que los servicios jurídicos del Estado, que se ha generado indefensión, ya que la practica de diligencias "no eran urgentes" y con la suspensión de los plazos no se podían recurrir.
Manos Limpias pide suspender la declaración de Franco
El abogado del sindicato Manos Limpias ha pedido suspender la declaración del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, prevista para este miércoles 10 de junio, en el marco de la causa por el 8-M, debido a que ha tenido que confinarse en su casa tras recibir la baja médica por posible Covid-19.
El letrado José María Bueno se dirige así a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, para que dadas estas circunstancias, y ante la imposibilidad de poder asistir a las declaraciones programadas para el 10 y el 11 de junio, se suspendan las mismas dado que el sindicato quiere que esté presente. Bueno apunta que en el instante en el que pueda asistir, bien porque se desestime que tiene Covid-19, bien porque habiéndose infectado lo haya superado, se lo comunicará a la magistrada para que se pueda volver a citar tanto al investigado como al resto de personas.
