La Fiscalía de Madrid ha archivado por primera vez una denuncia contra responsables o profesionales de residencias de ancianos por la muerte de pacientes por Covid-19 al entender que no hay responsabilidad penal, un criterio que aplicará de forma generalizada ante el medio de centenar de casos que tiene abiertos.
Así lo ha informado este jueves la Fiscalía, que detalla que actualmente hay abiertas alrededor de 50 diligencias de investigación que son muy parecidas, por lo que el criterio general es archivarlas, aunque esto no significa que no se llegue a judicializar alguna, ya que se investiga lo ocurrido en cada centro.
En los próximos días la Fiscalía prevé decretar al menos otros cinco decretos de archivo por muertes en residencias de la Comunidad de Madrid.
El archivo no cierra la vía penal puesto que el denunciante puede acudir a un juzgado o a la vía civil para reclamar la cantidad de dinero que considera oportuna, añaden fuentes del Ministerio Fiscal.
El primer archivo se refiere a las diligencias de investigación abiertas el pasado 3 de abril a raíz de una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente contra una residencia de Madrid en la que fallecieron 23 personas como consecuencia de la covid-19.
El representante del Ministerio Público aduce que no aprecia en la denuncia hechos con “relevancia penal”, descartando los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y de denegación de asistencia sanitaria.
Además, advierte al denunciante de que no especifica las personas físicas a quienes considera responsables de esos delitos, que “no están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica”.
Antes de proceder a este archivo la Fiscalía recabó informes y documentación en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad así como en la dirección de la residencia, e instó a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid para que redactase un informe sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial “que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos”.
