Galicia no incluye de momento a los madrileños en el registro obligatorio para poder visitarla

Los viajeros que lleguen a Galicia a partir de este miércoles 29 de julio, sean turistas o residentes habituales, que hayan permanecido durante los últimos catorce días en cinco comunidades del norte (Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja), deberán facilitar en 24 horas sus datos de contacto. La Comunidad de Madrid está excluida de momento de este registro, revisable en las próximas semanas.

Del mismo modo, esta medida, anunciada la semana pasada y publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia, será aplicable a visitantes de países con alta incidencia de casos de Covid-19, entre ellos algunos europeos, como Portugal o Bélgica.

Feijóo dice que es por seguridad

El presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la nueva obligación de registrarse de los viajeros que llegan de lugares con alta incidencia de coronavirus "es un servicio para que la gente pueda venir a Galicia, no para ahuyentar".

El presidente gallego ha sostenido que el listado de zonas con alta incidencia de Covid-19 lo hacen con "datos objetivos" del Ministerio de Sanidad, el número de contagios por cada 100.000 habitantes. Al respecto, ha apuntado que son "datos comúnmente admitidos", que todas las comunidades remiten diariamente, y ha defendido la medida impuesta por seguridad.

"Es bueno para todos, no es ninguna estigmatización de nadie. No es que prohibamos que vengan a Galicia, es que ponemos los servicios sanitarios a su disposición", ha asegurado Feijóo

Lista de todos los países del mundo

Se tata de territorios que durante los últimos catorce días han tenido una incidencia acumulada (IA) de casos de covid-19 por 100.000 habitantes 3,5 veces superior a la de Galicia.

Así, la Xunta ha confeccionado una lista de países del mundo que incluye todos los de África, buena parte del continente americano, una treintena de naciones asiáticas y 23 de Europa.

La relación actualizará cada quince días y los datos recogidos de las personas serán eliminados una vez transcurran 28 días. En España, esta medida afectará a quienes acudan a Galicia desde Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja.

La obligación de comunicar los datos de contacto también se extiende a países sobre los que se carece de información o de datos fiables sobre su situación epidemiológica y por ello se aplicará a todos los viajeros procedentes de cualquier país africano.

Países en América y Asia

En América, los países afectados son Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Montserrat, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Vicente y Granadinas, St. Martin, Surinam, Islas Tortuga, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Venezuela, Haití, Jamaica y Nicaragua.

De Asia se aplicará a visitantes que procedan de Bahrein, Bangladesh, India, Irán, Irak, Israel, Kazajistán, Kuwait, Kyrguistán, Líbano, Maldivas, Omán, Palestina, Filipinas, Catar, Arabia Saudí, Singapur, Emiratos Árabes, Uzbekistán, Afganistán, Bután, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia y Vietnam.

Los europeos

Y en Europa la obligación de comunicar sus datos se establece para los que lleguen a Galicia desde Albania, Andorra, Armenia, Austria, Acerbayán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Kosovo, Luxemburgo, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia y Ucrania.

En el ámbito internacional, la Xunta reconoce las competencias del Gobierno y recuerda que los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto extranjero ya deben cubrir un formulario sanitario.

Por este motivo, indica el boletín autonómico, estas personas podrán ser eximidas de la obligación de la misma obligación en Galicia "en el momento en que la Administración General del Estado ceda los correspondientes datos de contacto a la Administración autonómica para el ejercicio de sus competencias en materia de salud pública.