El Gobierno recurre el acuerdo de Castilla y León que limita la movilidad desde las 20.00 horas

El Gobierno ha recurrido el acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20.00 horas con el objetivo de doblegar la tercera ola del Covid-19.

El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

En este acuerdo se establece la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 20.00 y las 6.00 horas. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma.

Entre ellas, se recogen supuestos tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abrió este sábado la puerta a la posibilidad de adelantar el toque de queda fijado actualmente, en el decreto del estado de alarma con restricciones de movilidad nocturna, entre las 22.00 y las 7.00 horas para contener el coronavirus.

Si hay que cambiar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo", dijo el ministro Illa al referirse a las medidas que afectan a limitaciones de derechos fundamentales.

"Todo lo que concierne a la restricción de derechos fundamentales, como el de la movilidad, se tiene que hacer siempre con las máximas garantías jurídicas. Si hay que articular nuevas medidas, lo vamos a plantear en el Consejo Interterritorial, siempre que se garantice la garantía jurídica", remarcó.