El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes en el Senado que no piensa dimitir tras conocerse la nota interna de la Guardia Civil sobre el cese de Diego Pérez de los Cobos, ya que esta comunicación, segun su criterio, no significa que el Gobierno quisiera conocer el informe del 8-M, sino que pedía explicaciones a este coronel sobre la filtración de esta investigación a la prensa.
Marlaska se refirió a este asunto en el Pleno de la Cámara Alta después de que 'El Confidencial' difundiera este jornada la nota firmada por la directora de la Benemérita, María Gámez, sobre el cese de Pérez de los Cobos, al que se aparta del cargo por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
Los senadores del PP Fernando Martínez Maíllo y de Ciudadanos Lorena Roldán aprovecharon sus intervenciones en la sesión plenaria para pedir la dimisión inmediata del ministro, al entender que se ha demostrado que mintió cuando dijo que no relevaba al jefe de la Guardia Civil en Madrid por negarse a darle cuenta del informe sobre el 8-M.
“La razón por la que no voy a dimitir es porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia”, afirmó Marlaska, quien añadió que ni él “ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno ni acceso al contenido de informe alguno”.
El responsable de Interior indicó que la nota de Gámez sobre el cese de Pérez de los Cobos se redactó días después de que el informe sobre el 8-M se filtrara a la prensa “nada más se entregó al juez”. Sostuvo que esto suscitó la “preocupación” de la directora de la Benemérita y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Añadió que lo que hacía Gámez en su nota era preguntar a Pérez de los Cobos “qué se estaba haciendo para investigar” la filtración del informe. Según el ministro, es normal que con una “disfunción” de este tipo la directora se dirigiera al coronel cesado para pedirle “explicaciones”.
Por su parte, Martínez Maíllo afirmó que la posición de Marlaska es “insostenible” y debe dimitir porque la nota de la directora de la Guardia Civil demuestra que mintió el pasado viernes en el Senado al decir que no se pidió a Pérez de los Cobos el informe sobre el 8-M. “Me mintió a mí y a todos los españoles”, afirmó este senador del PP, quien añadió que el titular de Interior “se ha pasado de la raya” y debe marcharse cuanto antes “por la salud democrática de este país”.
A su vez, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán también sostuvo que Marlaska ha mentido sobre el informe del 8-M y que se dedica a dar “premios a los etarras y castigos a los guardias civiles”, en referencia al cese de Pérez de los Cobos y a que durante el estado de alarma Interior haya dado permiso a familiares del etarra Iñigo Gutiérrez Carrillo para que pudieran visitarle en la cárcel de Picassent (Valencia), al haber muerto recientemente el padre del terrorista.
Asociaciones judiciales piden el cese de Grande-Marlaska
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes el cese o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber "perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo" después de conocerse que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".
En su comunicado, la AJFV considera "inaceptable" que un Estado democrático permita a un ministro de Interior "tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción". Entienden que se trata de una sanción contra Pérez de los Cobos, a pesar de que el ministro del interior hubiera hablado en un primer momento de "pérdida de confianza" para justificar el cese.
En el mismo sentido se ha posicionado el Foro Judicial Independiente (FJI), desde donde apuntan que una persona ajena a la investigación "no se puede interesar por las actuaciones" por mucho que sea el superior de esos guardias civiles, tal y como apuntan que refleja la carta de cese de Pérez de los Cobos. Así, han calificado la razón del cese de "absurda excusa" y han recordado a Interior que en España existe la separación de poderes y que además hay reserva sobre esas actuaciones. "Esto es muy grave", han indicado la portavoz del FJI, Concepción Rodríguez.
Además, desde este foro judicial indican en un comunicado que Grande-Marlaska "ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias". Y advierten de que lo acaecido "puede dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha pedido este martes al Consejo General del Poder Judicial (CJPG) que analice el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y adopte las medidas necesarias para proteger el principio de independencia judicial y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna.
"España es miembro de la Unión Europea y todos conocemos la reacción de la Comisión ante los reiterados intentos de otro Estado miembro de minar la independencia judicial", ha recordado la APM, que ha subrayado que la decisión de Marlaska está "amparada, justificada y sustentada" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) apuntan que independientemente de que se esclarezca la razón del cese, a Pérez de los Cobos no le incumbe el deber de reserva de las actuaciones ni está sujeto a la garantía de inamovilidad que recoge la ley sobre al respecto, puesto que no formaba parte de esa unidad de Policía Judicial.
Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su portavoz Juan Antonio Frago ha indicado que pese a la "redacción sofista" del documento de cese, lo que se busca es conocer el estado de las actuaciones en relación a la investigación de la Guardia Civil sobre el 8-M. En este sentido, considera que en caso de que se demostrara, podría encajar en un delito de infidelidad de custodia de documentos públicos recogido en el artículo 415 del Código Penal. Este artículo reza que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
APIF no ha sido la única asociación de fiscales que se ha pronunciado al respecto, ya la semana pasada, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) lanzó un comunicado en el que denunciaba la "intromisión ilegítima" del Gobierno en el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y alertaba del "inquietante precedente" que supone este "ataque a la independencia de criterio e imparcialidad" de la Benemérita.
