La Abogacía dice que Franco habría prevaricado si hubiera prohibido el 8M y éste pide el sobreseimiento

La Abogacía del Estado ha pedido archivar la investigación de la manifestación del 8M al estimar que no se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" y que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.

En un escrito registrado en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid y en representación de José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la manifestación, la Abogacía vuelve a cargar contra la juez y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.

Acusaciones a la juez

"La instrucción tenía por objeto no investigar indicios de delito, sino encontrarlos", denuncia la Abogacía, que acusa a la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, de no haber practicado por sí misma "ni una sola diligencia de instrucción; todo ha sido encomendado a la Policía Judicial".

La mayor parte del escrito se centra precisamente en desmentir el grueso de los informes de los agentes, de los que se desprende que el delegado del Gobierno en Madrid no debía haber autorizado la manifestación ante el riesgo de propagación del coronavirus.

"Actuó correctamente"

Pero la Abogacía sostiene que Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias y según la información disponible en aquellas fechas" y ve "absurdas" las conclusiones de la Policía Judicial.

A su juicio, el delegado del Gobierno habría sido "prevaricador" si hubiera prohibido ejercer el derecho de manifestación cuando, al mismo tiempo, no había restricciones para utilizar el metro, ir al fútbol o participar en un mitin de Vox.

"Ni las autoridades sanitarias sabían hasta el día 9 cuál era la situación real en Madrid, lo que hubiera permitido una distinta evaluación del riesgo, cuanto menos lo podía conocer el señor Franco que no ostenta competencia sanitaria alguna", recalca.

Franco pide el sobreseimiento

Por su perte, el delegado del Gobierno en Madrid, quien este miércoles está citado a declarar, ha solicitado ante el juzgado de instrucción número 51 de la capital el sobreseimiento de la causa que investiga su presunta responsabilidad por autorizar, entre otras, la manifestación del 8-M pese al riesgo de contagio del Covid-19. Según su escrito, la investigación es “prospectiva” y se basa en “meras sospechas huérfanas” de material probatorio.

El escrito, de 74 páginas, dirigido a la juez Carmen Rodríguez Medel se pronuncia sobre la denuncia planteada por un abogado contra el delegado del Gobierno en Madrid, al que atribuye el delito de prevaricación administrativa por autorizar la concentración.

Sin indicios delictivos

Señala el documento que hasta la fecha se han realizado múltiples diligencias de investigación encomendadas a la Policía Judicial, que ha emitido hasta la fecha dos informes. De todo ello, dice, no ha resultado “el más mínimo indicio delictivo” y denuncia que “el carácter prospectivo de la investigación y el alcance general de la misma”.

“Los más de dos mil folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al Delegado del Gobierno como investigado -y hacerlo sin ninguna motivación jurídica que permita conocer por qué se le llama- evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo”, asegura la defensa de Franco.

Minimizaron la gravedad

El informe del forense adscrito al juzgado de Madrid que investiga el 8M concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron.

En su informe definitivo de 59 páginas entregado este lunes a la juez Carmen Rodríguez-Medel y al que ha tenido acceso Efe, el médico forense Julio Lorenzo asegura que "no es posible saber" si una persona que asistió a cualquiera de las manifestaciones que se celebraron esos días se infectara en esas concentraciones.

Conocían la situación

Ahora bien, el forense añade: "Lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", al igual que si se hubiera advertido a la población del "gran riesgo de contagio" y de las medidas higiénicas para protegerse.

Sobre los riesgos y la gravedad de la situación el especialista muestra su "impresión" de que desde finales de enero había un "adecuado conocimiento de la situación" y "quizá se minimizara el riesgo que el coronavirus entrañaba creyendo o diciendo que era como una gripe", tal y como manifestó públicamente en varias ocasiones Simón.