El instructor del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha desestimado los recursos del FC Barcelona y del expresidente del club Josep María Bartomeu contra la decisión de admitir al Real Madrid como acusación particular. El juez cree que hubo “corrupción sistémica” de los árbitros y que los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira pudieron perjudicar al club blanco.
Entiende el magistrado que además del Real Madrid “cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación” pudo verse perjudicado por esta trama, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).
El auto es uno de los cinco dictados por el magistrado que dan un impulso a la causa ordenando la apertura de una pieza separada para investigar los pagos del Barça a Negreira y a su hijo, José María Enríquez Romero, y acordando la práctica de nuevas pruebas.
Según los autos citados, el Barça pagó más de siete millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018, mientras era el vicepresidente del CTA, el órgano que se encarga de clasificar técnicamente a los árbitros y de proponer sus ascensos o descensos y de proponer “a los árbitros internacionales y designar a los delegados-informadores a los que se encomienda observar y calificar las actuaciones de los colegiados”.
Tras indicar que el sistema arbitral fue corrupto, el juez rechaza la idea de que Negreira sólo tuviera una función representativa y destaca que él mismo admitió ante la Agencia Tributaria que se reunía en Madrid para “revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido y puntuarlos” cada dos semanas.
Según las declaraciones realizada por antiguos árbitros, la CTA aplicaba un índice corrector para determinar la categoría de cada árbitro, esa calificación era la que después les daba acceso a la internacionalidad y a compensaciones económicas más elevadas.
Pese a la convicción de que el sistema era corrupto, el juez reconoce que no ha detectado pagos a árbitros por partidos concretos, pero insiste en que “lo que debe de investigar la Guardia Civil es si se instauró en el seno del CTA, tal y como apunta el letrado del querellante Estrada Fernández (exárbitro de Primera División), un sistema de calificación de los árbitros tutelado por el vicepresidente Negreira que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de Liga y Copa y partidos internacionales, o incluso mantener la categoría, aumentando así sus ingresos de manera muy importante”.