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La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado la suspensión indefinida de todas las competiciones a partir del 16 de mayo de 2015 por su disconformidad con el Real Decreto Ley, aprobado el pasado 30 de abril por el Consejo de Ministros, sobre la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol.

La RFEF manifestó su malestar por este Decreto, pero también por otras cuestiones que hacen considerar "irrespetuosa" la actitud del Gobierno español con la Federación que preside Ángel Mária Villar. La RFEF -que ha visto injerencias del Estado- se suma así a la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que este martes ya insinuaba la posibilidad de huelga.

"Se acuerda suspender todas las competiciones de todas las categorías a partir del día 16 de mayo con carácter indefinido. Al mismo tiempo, y una vez más, reiteramos el ofrecimiento de dialogo por parte de la RFEF al Gobierno de España", añade el comunicado, que afectará a las dos últimas jornadas de Primera División y a las cinco finales en Segunda, lsa dos máximas categorías del fútbol español.

CARDENAL: "LO DE VILLAR ES UN INSULTO A LA DEMOCRACIA"

Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, respondió con dureza a Ángel María Villar tras la convocatoria de huelga indefinida por parte de la Federación Española de Fútbol.

En declaraciones a Radio Nacional de España, dijo: "Es incomprensible que la RFEF quiera parar el fútbol. Parten de un desconocimiento. Villar se cree que el Gobierno le tiene que hacer caso. Lo de Villar es un insulto a la democracia española y al Estado de Derecho. Los egos de alguno se han impuesto a las responsabilidades de su cargo. Algunos clubes no han ido porque sabían lo que estaban preparando. El decreto ley lleva dinero donde no lo había, por ejemplo, al fútbol femenino y a Segunda y Segunda B".

Posteriormente, el CSD emitió un comunicado en el que muestra su incomprensión por la medida federativa y en el que asegura que la FEF sólo pretende “no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley”.