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La Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado por unanimidad la convocatoria de elecciones a la presidencia, para finalizar la legislatura 2020-2024 y el mandato de Luis Rubiales, para el próximo 6 mayo.

La convocatoria será oficializada el viernes 5 de abril y a partir del día 7 se abrirá un plazo de cinco días naturales para la presentación de candidaturas.vCada una de éstas deberá contar con un mínimo de 21 avales de los miembros de la Asamblea General.

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Según confirmó la RFEF, a continuación se establecerán dos días para posibles recursos de las candidaturas ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y una vez queden resueltos las candidaturas serán definitivas.

El presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, ha anunciado en la reunión de este miércoles que dejará el cargo, una vez activado el proceso electoral, y la misma ha decidido que Rafael del Amo, presidente de la federación territorial de Navarra y del Comité Nacional de Fútbol Femenino, esté al frente de ella.

La RFEF señaló que estas primeras elecciones darán paso a un segundo proceso electoral que debe celebrarse antes de fin de año para elegir a la nueva Asamblea General, que será la que vote a un presidente para los siguientes cuatro años.

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Los comicios del 6 mayo elegirán presidente para finalizar el mandato de Luis Rubiales, que había sido reelegido el 21 de septiembre de 2020 para cuatro años, después de que el TAD indicara que la gestora solo puede convocar elecciones para elegir presidente y no un proceso electoral completo, con renovación previa de su asamblea, como había convocado inicialmente para completarlo el 24 de mayo.

El TAD, que se pronunció así al emitir un informe negativo sobre el reglamento electoral de la RFEF, tieneahora sobre la mesa una petición razonada del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que decida si abre o no expediente sancionador a los miembros de la Gestora por, presuntamente, haberse extralimitado en sus funciones.

Esta es fruto de la denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), quien lo solicitó al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

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Este tribunal archivó en enero pasado una denuncia de Galán contra la Comisión Gestora en el mismo sentido, por no convocar elecciones cuando dimitió Rubiales, al considerar que no había "indicios racionales" sobre la comisión de una infracción disciplinaria.

Miguel Galán también ha advertido a la RFEF que el 40% de los miembros de su Asamblea General han perdido esta condición, en algunos casos porque son entrenadores que ahora entrenan en otro país, como los anteriores seleccionadores Luis Enrique Martínez y Jorge Vilda.

Otros porque son futbolistas que han dejado el fútbol o árbitros que ya no pertenecen al Comité de Árbitros y esto, en su opinión, dificulta la obtención de avales para presentarse a la presidencia y además es impugnable ante el TAD, por lo que retrasaría aún más las elecciones.

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La gestora de la RFEF tenía previsto haber convocado las elecciones el pasado 20 de marzo, pero aplazó la reunión por el registro que ese día realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de la investigación del juzgado número 4 de Majadahonda (Madrid) por posibles irregularidades en los contratos del organismo durante el mandato de Luis Rubiales.

Según un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que obra en el sumario de la causa conocido este miércoles, de las comunicaciones intervenidas de Tomás González Cueto, exasesor externo de la RFEF y uno de los investigados por el juzgado, se desprende que trató de influir al CSD para favorecer la elección de Pedro Rocha y "así poder perpetuar su cargo en la RFEF".

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La Comisión Gestora de este miércoles, presidida por Pedro Rocha, se detuvo, además, en las informaciones y acontecimientos de los últimos días y horas en relación con el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales. En este sentido, acordó "iniciar acciones penales contra todos aquellos que hayan causado daño económico o reputacional a esta institución".

El órgano gestor quiso condenar "tajantemente las conductas irregulares" y mostrar su decisión de “perseguirlas hasta el final”. De hecho, ya se ha contactado con varios despachos penalistas para poner en marcha las mismas contra aquellos que hayan actuado con deslealtad a la RFEF.

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La Comisión Gestora también analizó la decisión de que la RFEF se persone como acusación particular en este caso y, además, dio luz verde a la auditoría forense que permitirá recabar información sobre las acciones que están siendo investigadas durante el período 2018-2023.

En este sentido, precisó que "la intención es ayudar a esclarecer todos los hechos y aportarlos al juzgado, llegando hasta las últimas consecuencias y dejando atrás un período convulso que ha perjudicado gravemente la imagen del fútbol español".

Asimismo, realizó un resumen ejecutivo de las acciones deportivas desarrolladas durante estos meses de gestora para la celebración de todas las competiciones y la actividad habitual de la institución que dirige el fútbol en España.