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El registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuado por la Guardia Civil por orden del juez que investiga el caso Negreira ha finalizado este jueves después de doce horas.

Este registro de las oficinas del CTA, situadas en las dependencias de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid), ha sido llevado a cabo por agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona para tratar de encontrar documentos relacionados con los pagos del Barça al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira.

La operación policial ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Enríquez Negreira y a su hijo, entre los años 2001 y 2018, y que según el club respondían a informes sobre arbitrajes.

Tras el registro, la RFEF ha asegurado que "continúa a disposición de la Justicia" y ha expresado su plena disposición "con el único fin de que se puedan esclarecer cuanto antes los hechos investigados".

Además asegura que "todo el personal" del organismo "ha colaborado en todo momento" durante las doce horas que ha durado el registro "con el requerimiento de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La RFEF recuerda en su escrito que los hechos que se investigan en el caso Negreira "tienen que ver con la administración federativa de dos etapas anteriores a la actual gestión".

COHECHO

Además del registro del CTA, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo.

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En concreto, se busca documentación sobre la causa en la que figuran como imputados los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. No se prevé detenciones, según añaden fuentes policiales.

La investigación gira sobre si el que fuera vicepresidente del organismo arbitral, José María Enriquez Negreira, favoreció al club azulgrana a la hora de designar los colegiados para sus partidos.

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El pasado día 5 el juez de Barcelona que investiga el caso Negreira determinó que si bien no se encontraban indicios de que el FC Barcelona comprara árbitros con el "tradicional método de pago" para un partido concreto, apuntaba una "forma novedosa de posible retribución ilegítima" mediante una "posible corrupción sistémica" al calificar y designar colegiados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona reconoce que, por el momento, no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

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El juez considera que en este caso se da una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros, según el club azulgrana para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes.