Estas son las leyes que no serán tramitadas tras la convocatoria de elecciones del 23-J

La convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 23 de julio, tiene como primera consecuencia la disolución de las Cortes y, por tanto, que leyes como la de Familias, Servicios Sociales, Trata o Proxenetismo, no vayan a poder seguir siendo tramitadas.

LEY DE FAMILIAS

La Ley de Familias, que fue aprobada definitivamente en Consejo de Ministros hace dos meses, el pasado 28 de marzo, recoge entre otras medidas el reconocimiento de la diversidad de las situaciones familiares así como nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes.

La norma, que era una de las apuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, creaba tres permisos de cuidados: uno por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; otro de ocho semanas, para disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años, y otro de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata, por ejemplo, "para cuando te llamen del colegio porque el niño o la niña se ha puesto enfermo", tal y como explicó la ministra Belarra.

Asimismo, ampliaba la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los 3 años, una extensión que incluía a todas las madres que estuvieran percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, cotizasen 30 días a partir del parto. Del mismo modo, reconocía el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.

Hace dos semanas, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, explicó que todavía estaban "negociando" la ley de familias y que, por ello, habían tenido que prorrogar el plazo de enmiendas. Grupos políticos como VOX, PNV y PDeCAT registraron enmiendas a la totalidad, y Esquerra Republicana avisó de que no apoyarían el texto mientras invadiera competencias autonómicas.

La ley de Belarra también había despertado las críticas de las familias numerosas que, el pasado 11 de mayo, entregaron en el Congreso 72.528 firmas en contra de la desaparición del título de familia numerosa, que la norma sustituía por un nuevo Título de Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza.

LEY DE DERECHOS SOCIALES

Derechos Sociales también ve cómo se quedará en el aire la que podría haber sido la primera ley de servicios sociales de la democracia, con la que se pretendían establecer unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español.

En concreto, la norma establecía que las comunidades autónomas deberían acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio, entre otras medidas.

LEY DE TRATA

El Gobierno no podrá culminar tampoco la tramitación de la Ley de Trata impulsada por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta en noviembre de 2022. Este texto recoge medidas y reformas en el Código Penal para abordar, según explicó la ministra del ramo, Pilar Llop, "de manera integral todas las formas de explotación", incluida la laboral e incidir "en la desincentivación de la demanda" para "desarticular" las redes de explotación.

El proyecto de ley recoge una acreditación civil para víctimas de estos delitos sin necesidad de denunciar, además de medidas de protección y asistencia para las mismas.

Esta Ley de Trata provocó diferencias entre los socios de Gobierno ya que, antes de su presentación por parte de Justicia, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ya había anunciado su intención de presentar una norma sobre este tema. El equipo de Montero, de hecho, calificó de "insuficiente" la ley de Llop.

Justicia también verá frustrada su intención de aprobar una norma que modifique el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes. Este texto está siendo analizado por los organismos correspondientes y aún debía pasar por el Consejo de Ministros en segunda vuelta.

FRUSTRADA LA PROHIBICION DE LA PROSTITUCION DEL PSOE

Otra iniciativa que acaba ahora su camino hacia la aprobación es la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Este texto nación tras el desencuentro de los socialistas con sus socios en el Parlamento durante el debate de la Ley del 'solo sí es sí'.

El PSOE quería endurecer el ejercicio de la prostitución a través de enmiendas a dicha norma, lo que no convenció a la mayoría de los partidos que sustentan al Gobierno desde el Congreso. La situación llegó a poner en peligro la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí'. Finalmente, los de Pedro Sánchez cedieron para que el texto saliera adelante pero presentaron su propia ley con estas propuestas

LA LEY DE PARIDAD

Tampoco llegará a tiempo la Ley de Representación Paritaria, aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros, y que obligaba a que hubiese una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales, los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Otras iniciativas que decaen tras la convocatoria de elecciones son la Ley de desperdicio alimentario, la norma de Unidas Podemos sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española o las iniciativas que proceden de decretos del Gobierno de medidas contra la brecha de género en los ámbitos de la Seguridad Social y económico o para la mejora las condiciones laborales de las empleadas del hogar, que también se encontraba en periodo de enmiendas, en este caso desde el pasado octubre. Todas ellas se encontraban en periodo de enmiendas en la Cámara alta.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otro lado, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' de la Carta Magna vuelve a quedar en el aire por segunda vez en cinco años, como consecuencia de la nueva convocatoria de elecciones.

Esta iniciativa fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Otra norma que se paraliza es la nueva Ley de Seguridad del Paciente. La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el pasado 13 de marzo que la norma, impulsada por el Sindicato de Enfermería (Satse), continuara su tramitación parlamentaria “después de sufrir un bloqueo de más de dos años por parte del PSOE”, según denunció dicha organización sindical.

Tras más de dos años y 83 prórrogas, el plazo de presentación de las enmiendas parciales de los diferentes partidos políticos a la Ley de Seguridad del Paciente, que ahora se vería paralizada, concluyó el pasado 15 de marzo.

La nueva propuesta de ley pretendía garantizar la seguridad asistencial de cualquier paciente en los hospitales, centros de salud u otros centros sanitarios y sociosanitarios, mediante una asignación máxima de pacientes por cada enfermera. También contempla el reemplazo de las enfermeras cuando se jubilen. La iniciativa provenía de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Satse a finales de 2019 y avalada por 700.000 firmas de ciudadanos y profesionales sanitarios.

ATENCIÓN A LA CLIENTELA

Tampoco saldrá adelante la ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que este jueves tenía previsto iniciar su tramitación en el Senado tras ser aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que pretendía blindar los derechos de las personas con discapacidad y consumidores “vulnerables”, y fijaba en tres minutos el tiempo máximo de espera para atender solicitudes de atención telefónica personalizada.

Asimismo, queda guardado en un cajón la creación de un etiquetado inclusivo en alfabeto braille y otros formatos para garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de consumo de especial relevancia por parte de personas con discapacidad visual gracias a la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para el que el Ministerio de Consumo contó con la colaboración de la ONCE y el Cermi.

En paralelo, tampoco saldrán adelante la ley por la que se regulan los mecanismos aleatorios de recompensa asociados a productos de software interactivo de ocio, con la que Consumo pretendía controlar las ‘loot boxes’ o 'cajas botín' dentro de los videojuegos para prohibir el acceso de los menores de edad a estos mecanismos de recompensa ni la que pretendía controlar la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil, que fue bloqueada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el ámbito de las adicciones, tampoco saldrá adelante la reforma de la ley de tabaco después de que el Ministerio de Sanidad sacase a consulta pública la modificación del Real decreto 579/2017, de 9 de junio, que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados que preveía introducir el empaquetado genérico, mejorar la catalogación de los productos emergentes y prohibir ciertos aditivos y componentes.

EDUCACIÓN

Tras aprobarse la Ley de Universidades (LOSU) el pasado marzo en el Congreso, la ley estrella del departamento ministerial dirigido por Joan Subirats para esta legislatura, empezó a correr el plazo de seis meses para que el Gobierno presentara el estatuto del personal docente e investigador universitario, una de las grandes demandas del sector.

Antes de la convocatoria de elecciones generales, Universidades también estaba ultimando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional lo que sería la futura prueba de bachillerato para acceso a la universidad (la Ebau), que iba a arrancar en junio de 2024.

Ese nuevo modelo de selectividad daba más tiempo para los exámenes y un modelo más flexible adaptado a la nueva ley de Educación, la Lomloe, basada en valorar las competencias de los alumnos y no tanto sus conocimientos.

Con el 23-J también se detiene la tramitación parlamentaria de la ley de Enseñanzas Artísticas Superiores que había anunciado la ministra Pilar Alegría. También se frenará el desarrollo autonómico de la ley de FP y de la citada LOSU.

BOMBEROS Y AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Asimismo, tampoco verán la luz leyes que establecen un marco jurídico básico de los bomberos forestales, por un lado, y los agentes forestales y medioambientales, por otro, con el fin de que tengan unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en toda España.

Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas.

Junto a estas iniciativas, decaen otras propuestas de ley que habían sido registradas en el Congreso y ni siquiera habían llegado a ser debatidas en el Pleno para su toma en consideración, como las leyes de Ciudadanos para legalizar la gestación subrogada, para recuperar la asignación por hijo a cargo, o la norma para priorizar la custodia compartida en caso de divorcio. Tampoco se ha llegado a tomar en consideración en esta legislatura la propuesta de Vox para modificar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).